Reforma al empleo público incluirá a funcionarios actuales, aprueban diputados en comisión
Los diputados aprobaron un texto sustitutivo y tres mociones adicionales a la reforma, que quedó lista para ser dictaminada por la Comisión de Gobierno y Administración en el Congreso.
03/11/20 | 16:44pm
Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron este martes una moción al proyecto de reforma al empleo público que permitiría incluir a los funcionarios públicos actuales dentro del ámbito de aplicación de la iniciativa legal.
El foro aprobó tres mociones que ampliaron la aplicación del proyecto y eliminaron el concepto de "salario compuesto"; es decir, el reconocimiento de las remuneraciones con pluses salariales.
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La moción 9, precisamente, eliminó el artículo 37 del proyecto de ley, el cual establecía que "aquellas personas servidoras públicas, que de previo a la entrada en vigencia de la presente ley, se encontraban laborando bajo la modalidad de salario compuesto, se les respetará dicha condición, y no se los podrá trasladar al esquema de salario global".
La número 12, por su parte, modificó el artículo 34 para especificar que "todas las personas servidoras públicas serán remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales"; y, finalmente, la número 16, agregó no solo a las empresas sino a las instituciones en competencia dentro de la normativa.
Asimismo, la moción 12 incluyó un nuevo transitorio, para que los servidores públicos actuales que tengan salarios mayores a los que eventualmente se les apruebe únicamente reciban aumentos por costo de la vida sobre su salario base, de modo que cuando alcancen el máximo de su categoría en ese apartado puedan seguir únicamente en ese apartado.
También agrega que, "en el caso de personas servidoras públicas que posean incentivos, sobresueldo, plus o remuneración adicional, producto de una negociación colectiva o de contratos particulares, estos se respetarán hasta la finalización del plazo de dichas convenciones o contratos" y luego deberán ajustarse a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como ya indicaba esa norma aprobada en diciembre de 2018.
"La administración publica tendrá un plazo de 12 meses contados a partir de la publicación de la presente ley, para ajustar los plazos de los contratos que otorguen incentivos, sobresueldo, plus o remuneración, según lo establecido en la Ley N°.9635".
Los cambios se aprobaron con el visto bueno de ocho de nueve diputados en la Comisión de Gobierno. Votaron a favor Jorge Fonseca, David Gourzong y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadano (PAC); , del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y los independientes Jonathan Prendas, Dragos Dolanescu y Zoila Volio. En contra votó Pedro Muñoz, del PUSC.
La discusión del proyecto en comisión había quedado pendiente desde inicios de octubre pasado. Primero lo había detenido el traslado de despachos legislativos al nuevo edificio del Congreso, que concluyó hasta el 19 de octubre pasado. Luego lo detuvo un brote del nuevo coronavirus en el departamento de Comisiones de la Asamblea, que mantuvo pausadas las operaciones de estos foros desde el 20 de octubre hasta esta mañana.
Antes de aprobar las mociones mencionadas, los diputados también dieron su visto bueno a un texto sustitutivo, que corregía cuestiones legales y de redacción generales.
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Debate complejo
La posibilidad de incluir a los funcionarios actuales fue un tema de compleja discusión en el Congreso. La idea; sin embargo, logró prevalecer después de distintos criterios legales recibidos por los diputados y por ante la insistencia de diputados como el socialcristiano Pablo Abarca, quien presentó la moción, o la liberacionista Silvia Hernández.
La inclusión de estos funcionarios implicaría que se les apliquen las nuevas escalas salariales que se proponen para ocho familias salariales, así como algunas otras disposiciones en materia de pluses salariales, evaluación de desempeño y movilidad laboral.
La escala salarial única buscaría pagar iguales salarios a iguales trabajos en distintas instituciones, con variantes lo más leves posibles por factores como "peligrosidad" o "disponibilidad". Las familias serían de servidores públicos en general, funcionarios de la salud, policías, docentes y académicos de educación superior, administradores de justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), diplomáticos y empleados de confianza.
La iniciativa también pretende que las personas nombradas en puestos directivos tengan un período de prueba de seis meses y que sus contrataciones se hagan por un máximo de seis años; con la posibilidad de recibir prórrogas anuales, susceptibles a evaluación.
Todos los funcionarios, además, estarían sujetos a movilidad intra e interinstitucionales; así como a un sistema de evaluación de su desempeño que posibilitaría despedirlos cuando reciban dos calificaciones negativas (menores a 70%) en años consecutivos.
Esta evaluación, dice el proyecto, "se fundamentará en indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados, vinculados a los procesos y los proyectos que realice la dependencia a la que pertenece, y la del cuerpo de los niveles directivos en todos sus niveles para el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales".
También se incluye una mayor flexibilidad para el cese de funciones de los trabajadores cuando exista carencia de fondos institucionales o para aumentar la eficiencia institucional, siempre que este proceso afecte al menos a un 60% de la planilla de la dependencia en cuestión. Estos casos tendrían que ser ser justificados técnicamente y dependerían del pago de prestaciones legales.
Además, para nuevos funcionarios, la iniciativa establece que en los procesos de reclutamiento y selección se tendrían que seguir postulados rectores como la total generales, como la transparencia de los procesos, la base en el mérito de cada postulante, la igualdad de oportunidades, la comprobación de conocimientos y competencias, entre otras ideas generales.
Por último, el proyecto también abre la posibilidad de que se incluyan "incentivos no monetarios" para aquellos funcionarios con una calificación mínima de "muy bueno", "o su equivalente numérico", a diferencia de los que se entregan hoy día, con pagos de pluses, sin evaluación mediante, en la mayoría de entidades públicas.
El proyecto quedó listo para ser dictaminado en la siguiente sesión de Gobierno y Administración. Luego pasará a discusión del Plenario legislativo para su trámite final, en el que recibiría sus últimas modificaciones antes de ser votado.
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