Contralora a diputados: Reforma al empleo público debería incluir a instituciones en competencia

El proyecto de reforma al empleo público que se tramita en el Congreso debería incluir también a las empresas en competencia, afirmó la contralora general Mara Acosta esta tarde, en audiencia con los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

La jerarca sostuvo un encuentro virtual con los legisladores para dar sus principales observaciones sobre la redacción actual de la iniciativa, que recientemente sufrió varias modificaciones vía texto sustitutivo.

La jerarca afirmó que la redacción actual "es un muy buen punto de partida para empezar a ordenar el gran desorden y la gran atomización que tenemos en materia de empleo público", pero sugirió "reforzar el proyecto en lo que corresponde a su ámbito de cobertura para asegurar que sea realmente una ley que cobije a todas las instituciones del Sector Público".

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"Originalmente la aplicación se extendía a los bancos, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al Instituto Nacional de Seguros (INS), pero ahora se excluyó del ámbito de aplicación. En nuestra opinión, si se habla de una ley general, debería incluir a toda la institución pública, como un marco general de premisas", puntualizó.

La Contraloría ha criticado que la propuesta impulsada por el Gobierno sostiene varios subregímenes o "familias" de empleo, lo cual mantiene disparidades entre los mecanismos de contratación. Sin embargo, Acosta señaló que actualmente el país tiene "una dispersión y una atomización tan grande" de sistemas de empleo que impulsar esta ley implicaría un avance en la dirección correcta.

Según la jerarca, el texto permitiría establecer una rectoría única del empleo público, si se le realizan las reformas correspondientes, eliminando gran parte del "picadillo" de normativas que se han establecido hasta ahora para llenar ese vacío.

"Para ser honesta, este proyecto de ley lo que nos permite es un avance gradual hacia un sistema de empleo público muchísimo mayor, aunque hay que hacer algunos cambios y procesar algunos temas", subrayó.

Los subregímenes de empleo que actualmente se proponen ocho: para funcionarios de los Poderes de la República no judiciales, policías, para el personal de salud, para docentes de Educación Pública, para trabajadores de centros universitarios, para administradores de justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para trabajadores del servicio exterior y para personal de confianza.

La contralora Acosta también manifestó su visto bueno sobre la imposición de una "escala salarial única", la cual se aplicaría con pequeñas variantes como factores de peligrosidad o disponibilidad (dependiendo de cada puesto). No obstante, reiteró que debe afinarse, pues "sus ventajas se podrían ver limitadas si su conceptualización es imprecisa, su implementación compleja y si no considera criterios de sostenibilidad".

Costa Rica tiene actualmente 302.344 funcionarios públicos, los cuales representan un 14% de la población ocupada, pero que reciben hasta un 25% del gasto presupuestario total del Gobierno en la actualidad. Por eso, la contralora señaló que es vital establecer mecanismos más claros sobre las remuneraciones que serían aplicadas.

Entre los temas que se podrían mejorar en el proyecto, la contralora además advirtió que se deberían analizar el establecimiento de una mejor distribución de funciones del Ministerio de Planificación como ente rector; así como la posibilidad imponer algún límite a la disposición de recursos públicos para evitar aumentos en remuneraciones mayores a los que se autorizan por ley.

También señaló que se podrían establecer mecanismos que permitan conocer la disponibilidad de recursos para posibles nuevos gastos y para definir el principio de "sostenibilidad" como una idea rectora del sistema de empleo en sí mismo.

Para nuevos funcionarios

La nueva redacción del proyecto fue presentada, a través de un texto sustitutivo del expediente 21.344, por el Poder Ejecutivo. Según indicaron durante su presentación, el 18 de mayo pasado, la nueva escala salarial única aplicaría solo para nuevos trabajadores e implicaría un ahorro acumulado del 7% del PIB en los próximos 10 años.

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La escala salarial única es la reforma más llamativa del proyecto y ha sido defendida como tal por las autoridades de Gobierno. Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, "se tata de cumplir el precepto constitucional de que a igual trabajo, igual salario, en las mismas condiciones de eficiencia".

"Eso significa que una persona que se desempeña como profesional tres en Gobierno Central, siempre y cuando tenga la misma función y cumpla la misma responsabilidad, gane lo mismo que en una autónoma", describió.