Reforma a empleo público ahora incluye "camisa de fuerza" para convenciones colectivas

La reforma al empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa ahora impondrá una "camisa de fuerza" de restricciones al gasto público que, entre otras posibilidades, impedirá que trabajadores y patronos acuerden aumentos salariales o pluses.

Los diputados de la comisión de Gobierno y Administración, que analizan las últimas propuestas de modificación que podrán incluir al proyecto antes de enviarlo a su discusión final en el Plenario legislativo, aprobaron cinco restricciones incluidas en una moción presentada por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e independientes.

La norma incluida indica que las negociaciones colectivas "no podrán generar nuevas obligaciones o derechos, o variar condiciones laborales" en cinco sentidos, ya sean:

• Salarios o remuneraciones
• Creación de incentivos, compensaciones o pluses
• Asuntos en los que deban realizarse erogaciones adicionales que afecten al presupuesto nacional o el de alguna institución pública, sin apego a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
• Normas de carácter prohibitivo incluidas en la ley de empleo público
• O la creación de nuevas plazas

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La moción se votó de manera unánime por los diputados presentes.

"Aquí lo que busca esta moción es poner en regla a las convenciones colectivas, y si hay algo importante o sustancial de este proyecto es que esto después no sea una letra muerta, en función de que las instituciones negocien un instrumento de convención colectiva con sus colaboradores, y puedan votar a la basura todo lo que se haya planteado", comentó el socialcristiano Pablo Abarca.

"Con esta ley pretendemos poner orden, precisamente para garantizar la estabilidad del empleado público y garantizar oportunidades a futuro para que ese 14% de los costarricenses que trabajan en el sector público tengan las reglas del juego en igualdad para unos y para otros", porque solo una institución pública ya tiene 42 pluses salariales, agregó el liberacionista Luis Fernando Chacón.

La moción únicamente la rebatieron antes de su votación los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Paola Vega, del PAC. Villalta afirmó que "la moción busca restringir a tal extremo el derecho de negociación colectiva en el sector público que prácticamente termina prohibiendo su ejercicio"; mientras que Vega recordó que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ya ha dicho que no se pueden prohibir negociaciones de carácter monetario.

No obstante, ninguno de los dos tenía voto en el foro por no ser miembros propietarios.

La moción se presentó con la firma de los miembros de la comisión Víctor Morales, del PAC; Jorge Fonseca y Luis Fernando Chacón, del PLN; y los independientes Jonathan Prendas y Zoila Volio. Además, con respaldo de Rodolfo Peña, jefe de fracción PUSC y del liberacionista Wagner Jiménez.

Las nuevas reformas aplicarían para todo el aparato estatal, incluidas las instituciones en competencia (que se encuentran fuera del ámbito de aplicación general de la norma de empleo público), pese a que quedaron excluidas del ámbito de aplicación para el resto del proyecto. Solo quedarían por fuera los entes públicos no estatales.

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Publicidad de negociaciones

La moción también establece que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tendrá que publicar integralmente cualquier acuerdo colectivo que se negocie previo a su homologación final. Asimismo, señala que deberá verificar que estos documentos "reúnan y respeten" el correctos uso de fondos públicos y las obligaciones establecidas por ley.

También se establece que se deberá levantar un acta de cada sesión de negociación de las convenciones, las cuales "se publicarán como máximo al finalizar el proceso, junto con un acta de cierre en la que se recogerá el texto completo de las cláusulas que fueron negociadas".

Los diputados de la comisión de Gobierno y Administración actualmente analizan las últimas propuestas de modificación a la reforma (expediente 21336) que podrán realizar en ese foro. Se trata de 476 mociones que se votarán a favor o en contra, y que conformarán la versión final que luego tendrá que pasar a discusión final del Plenario legislativo.

Ahí, los diputados tendrán oportunidades menores para realizar cambios y deberán decidir si aprueban o rechazan el texto, que requiere del visto bueno de al menos 38 diputados en su segundo debate.

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