Reducen en ¢36.000 millones financiamiento disponible para elecciones de 2022 y 2024

El dinero disponible por concepto de deuda política para financiar a los partidos políticos y las campañas electorales de 2022 (nacionales) y 2024 (municipales) será un 55% menor del que posibilitaría la Constitución Política, para un ahorro técnico de ¢36.000 millones.

Así lo definieron los diputados de la Asamblea Legislativa, que este jueves aprobaron en primer debate el expediente 22.177.

La Constitución Política establece en su artículo 96 que el Estado debe disponer de un 0,19% del PIB del año trasanterior a las elecciones presidenciales para el financiamiento de los partidos políticos, con el objetivo de "cubrir los gastos" que genere su participación en los procesos electorales y "satisfacer las necesidades de capacitación y organización política".

No obstante, la reforma aprobada reduce el monto a un 0,085% de la producción, para 2022 y 2024.

Tomando como referencia las estimaciones del PIB para este 2020, el monto disponible caería de unos ¢65.000 millones a unos ¢29.000 millones.

Datos suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a AmeliaRueda.com dan cuenta de que los montos aprobados para las elecciones presidenciales de 2014 y 2018, apenas alcanzaron el 0,06% del PIB y el 0,05% del PIB, respectivamente. Es decir, el rebajo realizado permite que el dinero disponible cubra montos similares a los accedidos por los partidos en esos períodos.

Asimismo, el artículo 91 del Código Electoral establece que se asignará un 0,03% del PIB (del total de la deuda política) para los comicios municipales; sin embargo, las agrupaciones políticas suelen utilizar montos mucho más bajos.

El proyecto fue convocado por el Poder Ejecutivo desde este 2 de diciembre, cuando arrancó el período de sesiones extraordinarias. Su tramitación era uno de los compromisos adquiridos con sectores en la Mesa de Diálogo que se desarrolló con distintos actores sociales, políticos y productivos en noviembre pasado.

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No más

Antes de la aprobación del proyecto, los legisladores rechazaron varias mociones —principalmente del diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta—, las cuales pretendían una rebaja más significativa.

El legislador argumentó que el gasto reconocido por los comicios de 2018 y de 2020 ni siquiera superaron el 0,07% del PIB y que, por eso, podía pensarse en una rebaja mucho más ambiciosa.

No obstante, sus propuestas fueron rechazadas.

Reducir el monto de la deuda pública a un 0,007% del PIB en lugar de un 0,085% del PIB hubiese implicado ahorrar ¢5.000 millones adicionales.

Si bien la rebaja permite el acceso a un 0,085% del PIB, la medida igualmente implica un beneficio económico para el Estado en materia de captación de recursos. Es decir, Hacienda no tendrá que buscar todo el dinero constitucionalmente establecido para que esté disponible, ni reservarlo, aún cuando los partidos no lo utilicen.

El proyecto de ley además agregó la posibilidad de que los partidos políticos prorroguen el nombramiento de sus comités ejecutivos y de sus asambleas superiores, para fines estrictamente necesarios en materia de renovación de estructuras, presentación de liquidaciones o la concreción de subsanaciones pedidas por el TSE.

Esta indicación generó molestias en la socialcristiana Shirley Díaz, quien votó en contra del texto. Ella aseguró que podría ser un portillo para perpetuar jefaturas partidarias.

También votó en contra el independiente Erick Rodríguez, quien aseguró que recortar la deuda política da una mayor preponderancia a los aportes de personas privadas y a sus posibles influencias en los procesos políticos.

El segundo debate de la iniciativa se realizará el próximo 8 de diciembre, fijó la Presidencia legislativa.

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