Recursos de amparo por falta de acceso al agua vienen en aumento desde 2011

La cantidad de recursos de amparo relacionados a la falta de acceso al agua potable ha crecido cada año desde el 2011, según datos suministrados por la Sala Constitucional a AmeliaRueda.com.

Solo en el 2019, el tribunal constitucional recibió 198 recursos relacionados a la falta de acceso al agua potable; un número alto al considerar que el promedio de la década es de 103 recursos cada año.

Incluso, durante sólo los primeros dos meses de este 2020, la sala ya acumula al menos 75 asuntos relacionados a este tema. Esta cantidad es la misma que recibió el tribunal en todo el 2014.

De acuerdo con el magistrado y presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, efectivamente el tribunal ha experimentado un incremento en la cantidad de recursos de amparo interpuestos sobre este tema.

“Efectivamente los recursos de amparo alegando la violación al derecho fundamental del servicio de agua potable han venido en aumento”, confirmó el presidente de la Sala Constitucional.

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Este aumento no es necesariamente ideal, según explicó. “Lo ideal en un país es que la sala sea la última instancia en los conflictos. Lo ideal es que esto se esté resolviendo en instancias administrativas o en instancias correspondientes”, dijo el magistrado.

Algunos de los reclamos más frecuentes son la falta de acceso al servicio en territorios indígenas, los daños en el servicio por obras de infraestructura y “excesivos” racionamientos de agua durante época seca.

“La explosión demográfica, la escasez de agua y los fenómenos de El Niño han provocado una escasez que tiene consecuencias”, señaló Castillo.

Interrupción “antojadiza”

Entre esos asuntos recibidos a lo largo de este año, 17 están pendientes de resolver, 9 pendientes de admisibilidad, 2 son archivos, 37 fueron rechazados, 9 fueron dados “sin lugar” y solo uno fue declarado “con lugar”.

La mayoría de los recursos son rechazados o declarados sin lugar, según explicó Castillo, ya que, en la mayor parte de los casos, hay una explicación técnica por la cual se está negando el servicio.

De acuerdo con la jurisprudencia de la sala, para que un recurso de estos sea válido, las personas deben demostrar que la interrupción del servicio se hizo de manera “antojadiza” y discriminatoria.

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“Siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales”, dice una de las resoluciones.

Según Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), los nuevos casos que vengan serán “más interesantes” ya que el desabastecimiento de agua se está dando en el área metropolitana, que históricamente ha gozado con más acceso al agua.

“Estos nuevos recursos son interesantes en la medida en que la escasez de agua ha llegado a ser tal que, inclusive la zona mejor cubierta, ya se está viviendo escasez”, señaló.

Reforma constitucional

Este 12 de marzo, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una nueva reforma a la constitución política que consolidaría el acceso al agua potable como como un derecho constitucional.

Esta reforma, según Castillo, es el ejemplo de que Costa Rica tiene un sistema jurídico “muy avanzado” para garantizar el acceso al agua, en comparación a los mecanismos disponibles en otros países.

“Ya la Sala, desde principios de los años 90, ha venido con una jurisprudencia reiterada que, como parte del derecho a la salud, está el servicio eficaz y eficiente de agua potable para consumo humano”, explicó Castillo.

A pesar de esto, Picado señaló que la reforma constitucional tiene una gran importancia a futuro, ya que no permitiría que se rompa la línea garantista que traía la Sala Constitucional.

“Aunque ya hay jurisprudencia, es muy importante la reforma constitucional porque no dejaría posibilidades de interpretación ni siquiera a la sala, lo cual puede suceder”, explicó.