Rectoría de empleo público quedará en manos de Servicio Civil y ya no de Mideplan, votan diputados

La rectoría del empleo público quedará en manos de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y ya no del Ministerio de Planificación (Mideplan), con la reforma al empleo público que se tramita en el Congreso bajo el expediente 21.336.

Para ello, los legisladores votaron dos mociones impulsadas por David Gourzong y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); con el acuerdo mayoritario del foro que analiza el proyecto en sus últimas fases de cambios.

Una de las mociones, la propuesta por Gourzong, quitaba la rectoría a Mideplan en términos generales; mientras que la de Chacón trasladaba a la DGSC casi todas las funciones que el texto otorgaba al Ministerio.

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Como parte de la discusión, el diputado Chacón señaló que se trataba de un cambio necesario, pues la rectoría sobre el empleo estatal que se dio al Mideplan en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada apenas en diciembre 2018, únicamente hacía referencia a cuestiones fiscales, al menos desde su punto de vista.

En esa línea, las mociones aprobadas sí dejaron parte de esas responsabilidades al Mideplan, que —junto con la DGSC y el Ministerio de Hacienda— se encargará de definir anualmente la política de remuneración y las columnas salariales que se apliquen en el servicio público.

Las cuestiones administrativas, como los mecanismos de valoración de trabajo, la clasificación de puestos, la evaluación de desempeño, la oferta de empelo público, el reclutamiento y la selección, quedarían en manos del Servicio Civil.

Estas mociones contaron con el apoyo del oficialismo, a través del diputado Víctor Morales, quien señaló que el Poder Ejecutivo comprende la necesidad de seguir dialogando en la materia, así como el interés de los diputados de buscar un mayor balance en cuanto a las funciones de cada organismo.

Algo similar indicaron Luis Fernando Chacón, jefe de fracción liberacionista, y Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes subrayaron que esta es una discusión que deberá continuar en las próximas semanas e invitaron al Gobierno a continuar acercando puntos de vista.

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Se arrogan nombramiento

Solo minutos después de este cambio, los legisladores, con excepción del oficialista Morales y de la independiente Zoila Volio, votaron una moción que generó más conflicto. Se trató de una propuesta consensuada por diputados del PLN, PUSC Restauración Nacional (PRN) y del bloque independiente Nueva República, con el objetivo de arrogar a la Asamblea Legislativa la designación de la persona que ocupe el puesto de director general del Servicio Civil.

Actualmente este cargo se maneja a través de nombramiento presidencial, previo concurso de oposición.

La moción establece que el nombramiento será por períodos de cuatro años, a través de la Comisión de Nombramientos y contemplando solo a personas mayores de 35 años y ya no de 30, como en la actualidad. El resto de requisitos que se aplican actualmente se mantendrían.

El independiente del bloque Nueva República, Jonathan Prendas, miembro de la comisión y uno de los firmantes del texto, aseguró que con este movimiento se busca "despolitizar" el nombramiento, a pesar de que se llevaría de la Presidencia a otro órgano político (el Congreso). Según comentó, el cambio permitiría colocar a personas "ideales", como actualmente cree que ocurre en la Defensoría de loa Habitantes o la Contraloría General de la República.

La moción inventó un nuevo artículo al proyecto y no contempló que el mecanismo de nombramiento ya está normado en el apartado número 8 del Estatuto de Servicio Civil.

El cambio fue rechazado por el oficialismo, cuyo diputado Víctor Morales subrayó creer que el nuevo mecanismo de elección propuesto no se ajuste con los mejores estándares de selección a nivel internacional.

Los diputados de Gobierno y Administración actualmente analizan los últimos cambios que podrían hacer los diputados al proyecto de reforma fiscal. Tramitan más de 300 mociones del primero de dos turnos que tendrán para realizar sus cambios finales al proyecto de ley. Una vez que se agote ese trámite, el texto pasará al Plenario legislativo para su discusión final.

Aún quedan grandes interrogantes en materias de peso como salario global, salario escolar y convenciones colectivas. Asimismo, se debe definir la forma en que se introducirá a los empleados actuales en el nuevo sistema de salario único, un cambio del que depende gran parte del ahorro que generaría esta nueva norma para las finanzas públicas en los próximos años.

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