Recortes presupuestarios, empleo público y renta global encabezan propuesta de Costa Rica al FMI

Con una propuesta de estabilidad económica recostada principalmente en recortes presupuestarios, la reforma al empleo público y la implementación de un nuevo sistema de renta global a partir de 2023, el Gobierno de Costa Rica inicia desde hoy, 11 de enero, sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un Servicio Ampliado de $1.750 millones.

Tal como anunció la semana pasada, el Ejecutivo desistió de imponer cargas a las transacciones bancarias o de incrementar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como todavía lo barajaba a inicios de esta semana.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que el acuerdo no solo buscará que el país tenga acceso a financiamiento del FMI, en mejores condiciones de tasas y plazo de las que encontraría a nivel nacional, sino también alcanzar una mayor confianza de los mercados internacionales sobre la capacidad de Costa Rica para rehacer sus delicadas finanzas públicas, cuyo déficit financiero de 2020 habría rondado los ¢3 billones, según las estimaciones oficiales.

En caso de que el FMI acepte la propuesta de Costa Rica, el dinero se entregaría en desembolsos por tres años —supeditados al cumplimiento de las medidas de estabilidad preestablecidas.

De todas las propuestas que incluyó el Gobierno en su hoja de negociación con el FMI, la principal son dos recortes presupuestarios: uno, el que ya se aplicó para este 2021 por ¢368.000 millones (0,97% del PIB) y, otro, que se aplicaría por ¢161.000 millones en 2022 (0,47% del PIB).

Poco más abajo queda la implementación de la reforma al empleo público, para realizar un ajuste del 0,8% del PIB (según las estimaciones preliminares publicadas en septiembre pasada); y de un sistema de renta global a partir de 2023 que permitiría un ajuste del 0,3% del PIB adicional a partir de 2023, como se pactó en la Mesa de Diálogo Multisectorial organizada a finales de 2020.

Otras medidas en materia de gasto público incluyen el congelamiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional superiores a los ¢450.200, siempre que la deuda pública sea mayor del 60% del PIB (como en la actualidad). Esta medida se impulsaría a través de un nuevo proyecto de ley. Asimismo, se cumplirá con la regla fiscal aprobada en 2018, a pesar de que existen escapes legales ante emergencias como la pandemia del nuevo coronavirus.

En cuanto a nuevos ingresos, se plantean reformas menores en materia de impuestos, incluidas eliminar la exoneración de renta al salario escolar (0,12% del PIB), la aplicación de un nuevo gravamen sobre los rendimientos de operadoras con fondos de pensiones complementarias (0,17% del PIB), la homologación de las tasas del Impuesto sobre las rentas de capital a un 15% (0,13% del PIB), el aumento de 5 puntos porcentuales en el impuesta de renta a las remesas al exterior (0,14%), una reestructuración al impuesto sobre las casas de lujo (0,17% del PIB) y la aplicación de un nuevo impuesto a los premios de lotería superiores a medio salario base (0,09% del PIB)

También se impulsarían tres medidas temporales, con un impacto único por uno o dos años. Ellas son el aumento por dos años de la tarifa del impuesto a las rentas de capital a un 16,5% (0,02% del PIB), la venta de la cartera de crédito de Conape (0,6% del PIB) en una sola ocasión y un aporte extraordinario, también por un solo año, de las empresas estatales para solventar parte de la situación fiscal del país.

Por ahora, el Ejecutivo deja por fuera de su propuesta posibilidades que mencionó anteriormente, como incrementar las tarifas de los impuestos que se cobran sobre las rentas más altas o eliminar exoneraciones de las que todavía gozan las cooperativas más grandes del país.

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"Mayor credibilidad"

El ministro Elian Villegas aseguró que un acuerdo con el Fondo daría a Costa Rica "una enorme credibilidad" al país sobre sus políticas macroeconómicas, enfocadas en estabilizar la sostenibilidad de la deuda pública que se triplicó desde 2008 y ya supera un 70% de la producción nacional.

"El día de hoy será la sesión inicial, en la cual estaremos conversando aspectos generales sobre la misión que llevará adelante el FMI en nuestro país y sobre los número generales de la economía en 2020 y el impacto de la pandemia", subrayó.

El Gobierno anunció desde agosto del año pasado que buscaría negociar un acuerdo con el Fondo que le permitiera acceder a recursos en condiciones blandas, pero especialmente comprometer al país con un plan para mejorar su balance financiero y para reducir así sus presiones de financiamiento (por las tasas de interés que se le cobran).

No obstante, aquella intención se puso en pausa tras el fracaso de una primera propuesta de ajuste fiscal presentada por el Ejecutivo, la cual enfrentó el rechazo mayoritario de los sectores políticos, sindicales y empresariales. Estos rechazaron propuestas incluidas en ese documento, como triplicar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, fijar un gravamen temporal a las transacciones electrónicas y establecer aumentos temporales en las tarifas de renta a las ganancias más altas.

Ahora, el Ejecutivo intentará convencer al Fondo sobre su sostenibilidad a mediano y largo plazo con la aplicación de un ajuste menos fuerte en materia de nuevos ingresos. No obstante, especialistas como la calificadora de riesgo Fitch Ratings desde ya han puesto en duda la suficiencia del nuevo paquete ideado.

Ante estas dudas, el ministro Villegas aseguró a AmeliaRueda.com que corresponderá al FMI determinar si le satisface o no el esfuerzo que se propone.

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Difícil situación financiera

Las negociaciones con el FMI se plantean en medio de una situación compleja para las finanzas costarricenses. El país estimó su déficit financiero en un 9,2% del PIB para 2020, aunque las cifras oficiales se presentarán a mediados de enero. Esto quiere decir que el país habría gastado más de ¢3 billones por encima de los que consiguió a través de impuestos y otros ingresos.

La situación deficitaria del país persiste desde hace más de 15 años y empuja la deuda pública a niveles insostenibles del 70% del PIB, cuando apenas alcanzaba un 24% de la producción antes de la crisis de 2008. Desde entonces, la economía costarricense sufrió los efectos de la crisis financiera de aquel año y del menor crecimiento económico que produjo, así como de un crecimiento acelerado del gasto corriente estatal, impulsado por la administración de esa época.

El problema no se corrigió desde entonces y se sumó a otras deficiencias en el gasto que se arrastraban desde mucho antes, cuando el crecimiento mundial de la economía lograba "subvencionar" los problemas de gasto.

Ahora, el Estado enfrenta las necesidades de financiamiento más altas de la última década, lo que presiona indicadores básicos para la estabilidad económica de cualquier país, como el tipo de cambio o las tasas de interés.

Para estabilizar sus finanzas, el país requiere ajustes rápidos y otros estructurales en materia de gasto y de ingresos (impuestos).

Ante esa necesidad, el Gobierno impulsó a finales de 2018 una reforma fiscal que, se decía, alcanzaría para evitar un colapso económico en el corto y mediano plazo. No obstante, no se contempló el impacto de una emergencia como la pandemia del nuevo coronavirus, que ensanchó las necesidades de financiamiento para la atención social y sanitaria de la emergencia, y que redujo los ingresos del país, ante la mayor contracción económica que experimenta en más de 35 años.

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