Con recortes por ¢162.000 millones, 43 diputados aprueban Presupuesto Nacional de 2021

La Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este 26 de noviembre en segundo debate el Presupuesto Nacional de 2021 por ¢11,4 billones, con recortes netos equivalentes a ¢162.000 millones.

Esta decisión fue apoyada por 43 diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC). En contra solo se manifestaron X parlamentarios: José María Villalta Flórez-Estrada, Melvin Núñez Piña y Wálter Muñoz Céspedes.

Las disminuciones afectan a los tres Supremos Poderes, así como en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En el plan de gastos del Congreso, por ejemplo, se dispuso una rebaja de ¢1.347.335.917, mientras que para la Presidencia de ¢1.933.434.296 y ¢5.534.854.312 para la Corte Suprema de Justicia.

Al llamado "cuarto poder" se le disminuirá su presupuesto en ¢2.610.489.424. Mediante un comunicado de prensa, la autoridad electoral advirtió dos días atrás -cuando un bloque mayoritario de oposición presentó una "megamoción" con rebajas netas de ¢154.574 millones- que los recortes que se impulsan a su plan de gastos afectarán la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Registro Civil, así como la seguridad de los sistemas para emitir cédulas de identidad y para inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, además del blindaje del proceso electoral de 2022.

Lo anterior en el tanto que los parlamentarios dispusieron de una disminución que le impide al Tribunal cumplir con un contrato de alquiler de un centro de datos alterno para la replicación de información además que se afecta la adquisición de mobiliario y equipo para los próximos comicios presidenciales, incluida la adquisición de la banda transportadora de las tulas con el material electoral.

También se prevén reducciones presupuestarias en 18 ministerios, entre ellos los de Seguridad Pública (MSP), Ambiente y Energía (Minae), Cultura y Juventud (MCJ), Educación Pública (MEP) y Salud, aún cuando esta última institución ha llevado una parte del peso de la atención del estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus.

El recorte a la primera de las carteras es uno de los que mayor revuelo generó en el Plenario y fuera de él, pues su viceministro administrativo, Randall Vega Blanco, advirtió el 24 de noviembre que la rebaja de ¢5.300 millones afecta directamente a todos los cuerpos policiales.

Lo último en el tanto que se rebaja en un 63% -¢3.300 millones- la partida de inversiones de Seguridad Pública, lo que impediría hacer compras de chalecos que vencerán el próximo año, así como de armas de reglamento y la flota de una centena de vehículos oficiales que -año con año- se requiere reemplazar.

También se disminuyen los gastos en la adquisición de materiales para cumplir con un plan remedial que pretende evitar el cierre de 30 delegaciones, así como como la reparación de equipos de comunicación y el presupuesto para viáticos.

"Es alarmante saber que a parte de los casi ¢10.000 millones que teníamos de déficit presupuestario del 2021, a parte de eso, se suma una moción de ¢5.300 millones. ¿Eso qué significa? Significa que se va a tener una Fuerza Pública manos arriba, hincada que no va a poder prestar el servicio de seguridad ciudadana, posiblemente en todo el segundo semestre del año entrante.

"Realmente es una situación crítica. Me parece que este tipo de mociones deben ser efectuadas con una mucha mayor responsabilidad", aseveró Vega Blanco.

Además de la "megamoción", el Congreso acogió una iniciativa que recorta ¢6.941 millones en una eliminación de plazas, impulsada por la oficialista Laura Guido Pérez.

El proyecto de presupuesto, que requiere de la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, para convertirse en una realidad, tuvo un trámite convulso en Cuesta de Moras.

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Cuando pasó por la Comisión Permanente Ordinaria de Hacendarios, los diputados de oposición impulsaron propuestas de recorte por montos similares; sin embargo, estas intenciones fueron detenidas por las fracciones de los partidos Acción Ciudadana y el Frente Amplio (PFA), quienes consideraron varias de las propuestas irracionales y perjudiciales para el trabajo del Estado.

Luego, el Plenario aprobó un dictamen negativo de mayoría y así reinició la discusión del plan de gastos por ¢11,4 billones.

En tanto, el Gobierno presentó una propuesta de recorte por ¢150.000 millones, tal como propuso de forma remedial a la oposición, no obstante, esta no llenó las expectativas de la mayoría del Congreso, especialmente por su impacto en proyectos de obra pública. Sin embargo, esta fue retirada por el oficialismo al aprobarse la "megamoción" que se aprobó compartía rebajas por unos ¢104.000 millones.