Consulta motivó a la administración del Congreso a modificar los parámetros gracias a un criterio del Departamento Legal
16/03/22 | 19:13pm
Un reclamo que realizó el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Morales Mora en mayo del 2021 fue utilizado por la administración del Congreso como uno de los argumentos para permitir el uso de saldos del combustible que se otorga como ayuda técnica a cada legislador.
En mayo del 2021, mediante al menos dos correos electrónicos que salieron del despacho del diputado Morales al Departamento Financiero del Congreso, se consultó los motivos de por qué no se pudo pasar la tarjeta asignada en una compra de combustible, cuando según datos el banco se tenía un “saldo real disponible de más de dos millones de colones”.
Como respuesta, la administración de la Asamblea Legislativa le explicó que el máximo disponible de transacción mensual es de ¢500 mil, “mismo que se puede gastar en un día en una sola transacción o lo puede gastar en un mes, solo que la suma de transacciones no puede ser mayor a los ¢500 mil mensuales”.
“Esos son los parámetros que tienen todas las tarjetas de todos los diputados y no está en mis manos modificarlo, para este mes don Víctor ya alcanzó el máximo, le queda un restante disponible de para utilizar de ¢27.190. Debe esperar al próximo mes para poder acceder al disponible mensual”, señala la respuesta en ese momento del Departamento Financiero.
El despacho de Morales indicó ante esa respuesta que quedaban claros y no tenían más observaciones al tema.
Sin embargo, el director interino del Congreso, Freddy Camacho, señaló que tras la consulta del despacho del diputado, se dieron una serie de correos que se generaron en el Departamento Financiero que llegaron al director de la dirección administrativa, para finalmente terminar con la resolución que permitió a los diputados el uso de los saldos del combustible de meses anteriores.
Hasta julio del 2021, la administración del Congreso mantenía un límite de ¢500 mil mensuales en las tarjetas del Banco de Costa Rica (BCR) que reciben los diputados para el uso de combustibles.
La Ley 7352 autoriza a cada legislador a gastar 500 litros por mes que se depositan en estas tarjetas, según el precio de referencia de la gasolina súper.
Los parámetros se modificaron tras la resolución AL-DALE-PRO-0137-2021, con fecha del 14 de julio de 2021 y suscrita por Camacho cuando era director a.i. del Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa.
“Los legisladores y las legisladoras tienen derecho a utilizar los saldos disponibles en sus tarjetas, según el Convenio suscrito por nuestra institución con el Banco de Costa Rica, conforme con los depósitos efectuados con sustento en la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa, N° 7352; incluyendo los saldos de meses anteriores sin utilizar.
Cualquier limitación al uso de combustible ya asignado de conformidad con la Ley N° 7352, debe de ser corregido por la Administración, por tratarse de una limitación operativa y/o funcional y no de naturaleza jurídica”, señala la resolución.
Ese cambió permitió, por ejemplo, que la diputada Ivonne Acuña pudiera abrir una crédito en una gasolinera de Escazú por ¢3 millones.
Lea: Diputados podrán usar saldos de combustible no gastado de meses anteriores
Morales Mora explicó, tras consulta de AmeliaRueda.com, que la duda surgió cuando él iba a hacer un pago de combustible con la tarjeta asignada y esta no pasó.
A raíz de eso, le pidió a su jefa de despacho preguntar mediante correos electrónicos a la administración qué había ocurrido.
“Ellos me preguntan si era que yo estaba pagando una cuenta mayor a ¢500 mil, yo les dije que no, yo me quedé con la duda de qué tiene que ver los ¢500 mil, y me dijeron que había una cláusula en el convenio de la Asamblea con el BCR que establecía un tope al gasto mensual de la tarjeta”, explicó el diputado.
“Es decir, que con esa tarjeta no se podían consumir más de ¢500 mil mensuales. A mí me quedó claro porque yo no consumo más que eso”, agregó.
Morales insistió en que él nunca mostró mayor interés en cambiar ese límite.
“Ahora resulta, a partir de eso de oficio la administración inició un procedimiento que condujo que el Directorio le solicitara al banco cambiar esa cláusula y me dijeron que la justificación que hace jurídicos para que el Directorio tome una decisión mencionan mi incidente, y lo hace porque les dio la gana, no porque yo haya gestionado que eso se pasara porque no tengo interés de gastar más de ¢500 mil por mes”, enfatizó el diputado oficialista.
“Yo me quedé ahí, yo nunca pedí 'procedan a cambiar eso'. Ese muerto no lo cargo yo”, mencionó Morales.
El director interino del Congreso indicó que la modificación “sí nació del caso” de Víctor Morales, aunque aclaró que el diputado no pidió cambiar los criterios.
“ (Francisco) Araya (director administrativo en ese momento), al ver que había una falta de uniformidad a lo interno, consideró que lo mejor era elevar el caso al superior a don Antonio Ayales, quien envió la consulta al Departamento Legal, pidiendo un criterio de aún teniendo fondos disponibles decirle que no se pueden usar o utilizarlos”, indicó.
Camacho, quien fue el que redactó el criterio legal, insistió en que se valoró que no podían haber medidas administrativas que fueran en contra del derecho que la Constitución y la ley le otorga al diputado de los recursos del combustible.
“¿Qué sentido tiene que la Asamblea le facilite al diputado una serie de recursos para su uso, que están depositados para esos usos en razón de sus funciones y cuando el diputado los quiera utilizar, por una medida administrativa, les rebota la tarjeta aunque tengan saldo?”, enfatizó Camacho.
Morales indicó que los pagos por combustible que aparecen registrados de agosto a febrero, la mayoría por ¢500 mil, son porque él acumula el consumo de un mes que paga de una sola vez en una línea de crédito con esa estación de servicio.
“No es que me gasto ¢500 mil en un solo consumo, sino que es una forma de pago y ahí se refleja que yo no buscaba que se pudiera gastar más de eso”, indicó.
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