Abogado del Estado había dudado de la imparcialidad u objetividad de los jueces que resolverán sobre la apelación de la declaratoria de ilegalidad del movimiento
14/11/18 | 13:24pm
La jueza Angela Garro Morales rechazó la mañana de este miércoles una solicitud de recusación que tramitó la Procuraduría General de la República (PGR) contra el tribunal que conoce la apelación a la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Ministerio de Educación Pública (MEP) contra el plan fiscal.
Así consta en Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial al revisar el expediente 18-1838-0166-LA.
"Se declara que los Jueces Licenciados Luis Eduardo Mesén García, Bettzabé Gutiérrez Murillo y Adriana Chacón Catalán, continúan habilitados para resolver la apelación presentada contra la resolución dictada por el Juzgado de Trabajo Número: 1980 de las diez horas veinticinco minutos del nueve de octubre dos mil dieciocho. Se falla este Incidente, sin especial condenatoria en costas. A la brevedad posible, devuélvase el expediente a la Sección III del Tribunal de Trabajo de II Circuito Judicial de San José, a fin de que continúen los respectivos procedimientos", establece el por tanto de la resolución, según un comunicado de prensa de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Esa asociación gremial, uno de los tres más grandes del sector, celebró el rechazo de la recusación a través de un pronunciamiento firmado por su presidenta de Mélida Cedeño Castro y el secretario general Roblin Apú Murillo.
AmeliaRueda.com intentó contactar a ambos dirigentes, sin embargo, estos no atendieron las llamadas a sus números celulares. Tampoco lo hicieron el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, ni el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz.
El pasado viernes, el abogado del Estado informó sobre el pedido al argumentar que existen elementos que dan lugar a dudas justificadas a la imparcialidad u objetividad con la que los jueces vayan a tomar decisiones en este caso.
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En el documento, el procurador general, Julio Jurado, señaló que el juez Luis Mesén se inhibió de conocer el proceso de calificación de la huelga en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debido a que había compartido en su perfil personal de Facebook publicaciones donde cuestiona la conveniencia de algunas medidas contenidas en el plan fiscal.
"Al respecto, resulta obvio que lo que se decida en esta calificación jurídica de la huelga política en el Ministerio de Educación Pública, incidirá directamente en el proceso de aprobación del proyecto de ley de 20.580, contra el cual se manifiesta el juez Mesén García al compartir publicaciones que él mismo reconoce cuestionan la oportunidad y conveniencia de algunas de las medidas contempladas en el mismo y la responsabilidad de la situación fiscal que atraviesa el país", señala la Procuraduría.
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De igual manera, en el caso de las juezas Adriana Chacón Catalán y Bettzabé Gutiérrez Murillo, el ente procurador consideró que también debían recusarse debido a que habilitaron a su compañero para participar en el conocimiento de la declaratoria de ilegalidad de Recope pese a que el mismo juzgador reconoció su afinidad hacia una de las partes del proceso.
Ese tribunal al final favoreció al sindicato de trabajadores de la Refinería al revertir la decisión del juzgado de primera instancia y declarar legal el movimiento de protesta.
La Procuraduría también presentó como alegato que Mesén planteó un proceso judicial contra el Estado, el cual se encuentra en trámite bajo el expediente 18-7455-1027-CA.
La huelga en Educación fue declarada ilegal el pasado 9 de octubre. De acuerdo con la sentencia 2018-1980, el movimiento incumplió con el carácter pacífico que debe cumplir la medida de presión debido a los bloqueos de vías.
No obstante lo anterior, este es el único gremio donde persiste una afectación considerable, principalmente por la ausencia de docentes en las clases.
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