Se reanudará cuando culmine pesquisa judicial, según presidente del Tribunal de Ética
09/04/19 | 08:47am
El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Wálter Céspedes Salazar, quien resultó electo como candidato a alcalde de Matina en la asamblea de ese cantón el pasado domingo, tiene una investigación pendiente en el Tribunal de Ética de esa agrupación. Este proceso se encuentra suspendido.
De acuerdo con el presidente de dicho órgano interno, Freddy Coto Varela, la pausa en el procedimiento interno obedece a una pesquisa que tiene abierta la Fiscalía General de la República contra el exlegislador, por supuestamente haber mediado ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en favor del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas.
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"En ese caso todavía no se ha fallado. Todavía está bajo investigación. Se han pedido una serie de informaciones, pero recuerde que el Ministerio Público tiene investigaciones abiertas que no son públicas. Nosotros hemos estado esperando información de esa naturaleza, saber qué es lo que hay y con base en eso, actuar nosotros", mencionó Coto a AmeliaRueda.com.
También, el representante socialcristiano consideró -desde su plano personal- que el tribunal que preside debería tomar en consideración el informe que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) remitió el 2 de abril a la Asamblea Legislativa, sobre una intervención de Céspedes en un conflicto que tenía Bolaños, por un contrato que la Comisión le adjudicó para reconstruir la ruta Bribrí-Sixaola (ruta 36), según informó el diario La Nación.
"Ya eso deberíamos de tomarlo en cuenta para resolver, pero, le repito, es una decisión que yo todavía no estoy seguro de si el órgano la va a tomar o no", señaló.
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Mientras no sea sancionado, Céspedes puede participar en los procesos internos de la agrupación. Diferente sería si llega a ser castigado, lo cual obligaría a convocar a una nueva elección en la asamblea cantonal de Matina.
El dos veces diputado (1998-2002 y 2010-2014) y presidente del extinto Instituto de Desarrollo Agrario en la administración de Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006), figura en el expediente 17-82-1218-PE, junto al también exlegislador Víctor Hugo Víquez Chaverri.
Los hogares de ambos, ubicados en Limón y Heredia, respectivamente, así como las oficinas centrales de la Comisión en Pavas, fueron allanados el 21 de diciembre de 2017 por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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En el marco de la pesquisa, la Policía Judicial encontró 291 contactos telefónicos entre Céspedes y Bolaños, según lo reveló el Semanario Universidad.
Dicho empresario descuenta prisión preventiva desde el 3 de noviembre del 2017, mientras es investigado por peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito, en el escándalo de corrupción conocido como el cemento chino.
El presidente del Tribunal de Ética de la Unidad Social Cristiana, Freddy Coto Varela, confirmó el pasado 24 de marzo a este medio que las investigaciones contra el diputado Pedro Muñoz Fonseca, así como sus predecesores Johnny Leiva Badilla y Luis Vásquez Castro, fueron desestimadas.
"Esos tres casos habían sido desestimados. Lo que pasa es que no se habían redactado las resoluciones, y a la fecha, yo no conozco la redacción de los votos. Pero sí recuerdo que habían sido desestimados en virtud de que no había prueba que se aportara que mostrara un ligamen directo entre ellos y Juan Carlos Bolaños Rojas", dijo el vocero del órgano interno.
Muñoz admitió el 13 de setiembre de 2017 -entonces presidente del partido y aspirante a una curul- haber brindado un servicio de consultoría al empresario en 2015, que ese año inició sus importaciones de cemento desde China y recibió un crédito por $30 millones del Banco de Costa Rica (BCR).
Cinco días antes, el Diario Extra reveló que el integrante de la Asamblea Legislativa tuvo un vuelo privado a Panamá, el cual fue contratado por Bolaños, pues el 29 de octubre de 2015 estaba prevista una reunión del importador con un cliente del socialcristiano.
Vásquez y Leiva debieron comparecer ante sus compañeros en una comisión que investigó los créditos otorgados a Sinocem Costa Rica.
Ambos confesaron haberse reunido con Bolaños mientras eran congresistas, pero al segundo, la Procuraduría de la Ética Pública le achacó haber realizado dos gestiones en favor del empresario, lo que representó "un aprovechamiento indebido del cargo en procura de los intereses" de un amigo suyo.
Los dos permanecen como militantes activos de la Unidad, de acuerdo con Coto.
El sitio de noticias CRHoy.com reveló que un informe del Organismo de Investigación Judicial detectó 246 llamadas de los tres políticos con Bolaños.
Este medio intentó comunicarse con Céspedes a dos números telefónicos distintos, sin embargo, no fue posible localizarlo para obtener una reacción.
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