MEP: Aplicación de pruebas FARO en junio dependerá de aprobación de Consejo Superior de Educación

La aplicación de las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) previstas para el próximo mes dependerá de la aprobación del Consejo Superior de Educación (CSE), así lo indicó el Ministerio de Educación Pública (MEP) mediante un comunicado de prensa.

Entre el 15 y el 17 de junio están programadas las evaluaciones para el caso de primaria, y del 29 de junio al 1 de julio en el caso de secundaria.

"Asimismo, se propondrá al CSE la modificación del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, para que las pruebas aplicadas en noviembre y diciembre de 2021 se empleen como diagnóstico, sin afectar la nota final de los estudiantes", indicó el MEP mediante un comunicado de prensa.

La entidad indicó que se encuentran haciendo una "revisión integral de las pruebas" para presentar el resultado al CSE.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este fin de semana durante una gira en la Zona Norte su interés en dejar de realizar esta evaluación.

Sin embargo, el Consejo Superior de Educación es el único con potestad de adoptar una decisión como la planteada por el Gobierno, tiene pendiente la designación al sustituto del exministro de Educación Pública, Leonardo Garnier. Su puesto debe ser ocupado por otro exjerarca de la cartera.

El CSE tiene más de dos meses sin poder sesionar debido a que no tiene a todos sus integrantes (requiere de la presencia de siete miembros propietarios). Adicionalmente, no han entrado en funciones representantes de asociaciones de educadores ya designados.

Sobre los nombramientos pendientes, el MEP indicó que se está "procediendo" con los nombramientos sin dar más detalles.

El artículo 8 de la ley 1.362 de la creación del Consejo le da potestad a este de aprobar "los planes de desarrollo de la educación pública", "los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal", "los reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse los establecimientos educativos y resolver sobre los problemas de correlación e integración del sistema", "el sistema de promoción y graduación", entre otras.

Proceso

Además de tener pendiente la integración del CSE, hay que tomar en cuenta que eliminar las pruebas FARO requerirá de un procedimiento que toma su tiempo.

Quien preside el Consejo (en este caso la ministra de Educación, Anna Katherine Müller) debe presentar la propuesta. Una vez se recibe el planteamiento, el órgano técnico procede a integrar una comisión interna para analizarlo y plantear si se aprueba o se rechaza. Finalmente, es conocido por el pleno del CSE y se adopta una resolución.

Precisamente, uno de estos acuerdos fue el que avaló las pruebas FARO. En el acta 11-2019 consta que:

"Este Consejo Superior de Educación en el marco de las competencias constitucionales que le asisten, aprueba la Propuesta de Implementación de las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) en la Educación General Básica y la Educación Diversificada de Sistema Educativo Costarricense, presentados por la Administración del Ministerio de Educación Pública, con (sic) rige a partir de curso lectivo 2019".

En la sesión siguiente se aprobó la modificación del reglamento de evaluación para incluir las pruebas FARO, según consta en el acta 12-2019.

Polémica

Las pruebas FARO no han estado alejadas de la polémica. A finales de 2021 sindicatos de educadores y padres de familia criticaron la implementación de un cuestionario, denominado de "factores asociados", que debían llenar los estudiantes con más de 600 preguntas de índole personal.

Debido a estos cuestionamiento, la ministra de Educación de ese momento Guiselle Cruz Maduro renunció al cargo.

Además, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió una investigación por la aplicación de las pruebas FARO y el presunto delito de violación de datos, específicamente por la "evaluación" de "factores asociados".