Contribución de empresas públicas propuesta por Gobierno afectaría el crédito, dice Banco Nacional

El proyecto de ley propuesto por el Gobierno para acceder a parte de las utilidades de 14 empresas públicas del Estado por un período de cuatro años está bajo el análisis en la mayoría de estas entidades. No obstante, el Banco Nacional (BNCR) ya advierte que girar más dinero del que ya brinda incidiría en sus actividades regulares y que incluso afectaría la disponibilidad de recursos para colocar crédito en el sector privado.

La iniciativa propuesta por el Gobierno —dentro de la agenda de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional— abriría la puerta para acceder hasta a un 30% de las utilidades que registren las empresas públicas, después del pago de impuestos y cualquier otra carga fiscal o parafiscal.

El texto de ley ya se presentó desde el 22 de enero pasado en la corriente legislativa; y su intención es que Hacienda pueda recaudar al menos a un 0,2% del PIB cada año por esta vía, para "atender el pago del servicio de la deuda (amortización e intereses)" y atenuar sus necesidades fiscales, exacerbadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Es decir, el Gobierno estima que le permitiría recaudar entre ¢70.000 millones y ¢80.000 millones anuales.

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El proyecto incluye a entidades como los bancos estatales Nacional (BNCR) y de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta de Protección Social (JPS) y hasta la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Ante la consulta de este medio, el Banco Nacional indicó a través de su Dirección de Relaciones Institucionales que la entidad entiende "la urgente e impostergable necesidad de sanear y dar sostenibilidad a las finanzas del Gobierno Central"; sin embargo, también indicó que ya contribuye con un 60% de sus utilidades al Estado: un 30% por concepto de renta y con otro 30% por cargas parafiscales relacionadas con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y similares.

Sobre el crédito privado, la entidad escribió en respuesta a AmeliaRueda.com que, "por disposiciones normativas vigentes, los bancos, tanto públicos como privados, debemos tener cierto nivel de patrimonio para poder colocar recursos en crédito, de tal modo que otorgar más recursos de las utilidades representaría una limitante para el crecimiento de dicho crédito". Agregó que "cada colón adicional de utilidad que debamos trasladar al Gobierno Central, conllevará que se deja de prestar al menos 10 colones".

El Nacional registró utilidades brutas de ¢50.712 millones en 2020 (sin auditar) y de ¢69.372 millones en 2019. Las utilidades netas, sobre las que se haría la nueva rebaja, fueron de ¢14.734 millones en 2020 (sin auditar) y de ¢23.701 millones en 2019.

Por su parte, el Banco de Costa Rica fue más escueto en su respuesta y únicamente señaló que la entidad "entiende que el Gobierno se encuentra en la búsqueda de soluciones"; sin embargo, "realiza un análisis financiero sobre las implicaciones que una medida de este tipo tendría para la entidad, sus clientes y para el país en general".

Según los estados financieros auditados de la entidad al año 2019, el Banco registró utilidades de ¢48.391 millones sin el pago de impuestos, de las cuales destinó ¢12.590 millones a la cancelación de renta y ¢15.440 en otras participaciones.

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Otras instituciones

AmeliaRueda.com también consultó la posición del Instituto Nacional de Seguros (INS), una de las entidades más rentables del Estado y que registró utilidades netas de ¢93.212 millones en 2020 (sin auditar). Esta entidad mostró una actitud mucho más abierta con la iniciativa, aunque afirmó que sigue bajo análisis.

Recordó que su aporte actual al Estado es de un 25% de sus utilidades; sin embargo, subrayó a través de su equipo de prensa que está consciente de "la delicada situación de las finanzas públicas" y la necesidad de "realizar esfuerzos extraordinarios para contribuir".

Grupo ICE, por su parte, indicó que "es consciente de la delicada situación de las finanzas estatales" y que "ha mantenido conversaciones con la Presidencia de la República"; pero agregó estar "realizando el debido análisis de la propuesta para enviar, cuando corresponda, los criterios oficiales a la Asamblea Legislativa".

Recope más bien indicó que "no genera una utilidad, tal como lo hace una empresa privada o estatal en competencia", pues sus utilidades corresponden únicamente a reservas del precio del combustible para continuar con sus operaciones regulares. "Un impuesto a esta “utilidad” contable de la Empresa, conduciría a una reducción de los recursos para el financiamiento de los diferentes proyectos de inversión, lo que podría deteriorar la calidad del servicio o, en su defecto, obligar al endeudamiento para compensar la reducción de recursos por los montos que defina este proyecto de ley, que deban ser transferidos al fisco", puntualizó.

La iniciativa también incluiría al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), a la Editorial Costa Rica, a Acueductos y Alcantarillados (AyA), al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y a la Radiográfica Costarricense (Racsa).

Según escribió el Gobierno en la propuesta, el porcentaje de aporte de cada entidad sería determinado anualmente "mediante Decreto Ejecutivo firmado por quienes ocupen el puesto de la Presidencia de la República y Jerarca del Ministerio de Hacienda".

El Gobierno busca cerrar al menos parte de su déficit financiero, que alcanzó un 8,1% del PIB en 2020. Específicamente busca revertir el déficit primario (gastos menos ingresos sin contar intereses), que fue del 3,4% de la producción, ensanchado con la caída en los ingresos y los gastos excepcionales que produjo la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. Para eso impulsa un acuerdo de financiamiento con el FMI, el cual comprometería al Gobierno con una agenda para recortar gastos y aumentar sus ingresos que incluye esta eventual contribución de empresas estatales.

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