Proyecto que obligaría a universidades privadas a acreditar carreras está sesgado, señalan expertos

El proyecto de ley 21.578, "Reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (Conesup)" que busca establecer la obligatoriedad de la acreditación de todos los programas y carreras que imparten las universidades privadas contiene sesgos de constitucionalidad y de curriculum educativo, señalaron expertos en el programa Nuestra Voz.

“He encontrado varios problemas de constitucionalidad, uno es que se le estaba dando trato desigual a las universidades privadas respecto de las universidades estatales, porque el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) se convertiría en obligatorio para las privadas, pero en cambio seguía siendo potestativo para las públicas.

"Esta diferenciación parte de un prejuicio de que la enseñanza universitaria estatal es buena y en cambio la enseñanza universitaria privada es mala", indicó el abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle.

La iniciativa fue presentada en septiembre del año anterior por las diputadas Yorleny León, de Liberación Nacional, y Patricia Villegas, de Integración Nacional y busca establecer la obligatoriedad de la acreditación de todos los programas y carreras de los centros privados de educación superior, que actualmente es voluntario, así como verificar que estas instituciones cuenten con los requisitos mínimos de funcionamiento que incidan en una efectiva calidad de la educación que imparten en todas sus sedes en el país.

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Para la diputada Yorleny León el problema del sistema educativo costarricense es que reproduce los curriculum educativos, pero no resuelve o mejora lo que el país y la población necesita. "No estamos partiendo de prejuicios sobre la calidad de la educación privada, sino de indicadores del Informe Estado de la Educación.

"Estamos partiendo de datos reales y una fuente confiable. Este proyecto es una propuesta pertinente, relevante, oportuna, clara y concreta. Me cuesta pensar que por diferencias de planteamientos o estructuras de costos le privemos al país este aporte", dijo la liberacionista en Nuestra Voz.

Para León, "(...) de esta manera se le asegura a los estudiantes y familias que las inversiones que hagan en educación privada van a cumplir con todos los requerimientos no solamente de ellos sino los que demanda el país".

La reforma además establece que los planes de estudio de las universidades privadas en carreras como Medicina, Educación, Ingenierías y Derecho deberán ser actualizados por lo menos cada cinco años.

Sin embargo para Claudio Rama, experto en temas de gestión y políticas de educación superior de América Latina, el proyecto de ley no está claro y deja por fuera la parte presupuestaria y de inversión que se necesitaría para obligar a todas las universidades privadas a acreditar sus carreras.

"Este proyecto implica una estructura de costos por los trámites que hay que realizar. Pasar de 10 programas que se acreditan al año a unos 200, requeriría que el presupuesto de Sinaes, que actualmente es de 4.3 millones de dólares al año, se quintuplique.

"Hay una confusión de quienes hacen un proyecto sin conocimiento, lo que es obligatorio en el mundo es el licenciamiento y la acreditación es cuando hay beneficios, este proyecto va generar confusiones", concluyó Rama en el programa Nuestra Voz.

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