Proyecto de ley aprobado limitaría acceso a información de investigaciones penales y administrativas

Un proyecto de ley aprobado en segundo debate por el Congreso impediría que medios de comunicación y ciudadanos en general tengan acceso a investigaciones, actos administrativos y resoluciones sobre procesos disciplinarios dentro de la función pública.

El expediente 20.799, denominado "Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia" fue votado el martes anterior en segundo debate y aprobado de forma unánime por los 40 diputados presentes. La iniciativa fue impulsada por la diputada de Nueva República Carmen Chan, a quien este medio intentó contactar; sin embargo, no atendió las llamadas hechas a su teléfono.

El proyecto favorece el trabajo periodístico en cuanto a plazos, pues obliga a las instituciones del sector público a rendir información pública a la prensa en un lapso máximo de 48 horas, anteriormente eran 10 días; no obstante, establece limitantes que afectarían la labora periodística.

Según el artículo 8 del texto, existirá una serie de limitantes al acceso de información pública, ampliada en los incisos d), g) y k).

Artículo 8: Límites del derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública tiene como límites exclusivos, los siguientes:

• Inciso d): La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
• Inciso g): Información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa. La información contenida en el expediente administrativo o judicial será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 272. 1 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.
• Inciso k): Lo relativo a estudios e investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las resoluciones administrativas.

Consultado al respecto, el exjuez y abogado penalista, Ewald Acuña, considera que este cuerpo normativo atenta contra la libertad de expresión, así como el interés público sobre las informaciones relacionadas a fiscalización de las actuaciones del sector público.

"Tanto en sede administrativa como penal, la etapa de investigación es una etapa privada, pero las sanciones y sentencias se dictan en juicio oral y público, precisamente para que la ciudadanía pueda monitorear el ejercicio de las partes jurisdiccionales, por eso son públicas (...) el proyecto de ley es contradictorio y, además, limita la libertad de prensa, porque básicamente dice que no se puede publicar información de sentencias y resoluciones en que se sancionen a una persona", manifestó Acuña.

Ejemplo

Uno de los ejemplos más claros para el abogado, es el ocurrido con el caso denominado "Cochinilla", donde diversos medios de comunicación dieron a conocer información contenida en el expediente de investigación tramitado en la Fiscalía, exponiendo a una serie de supuestas faltas al deber de probidad y transparencia cometidas por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) que beneficiaron a empresas constructoras privadas a cambio de sobornos.

En caso de que esta ley estuviese vigente (a falta de eventual firma por el presidente Carlos Alvarado), la publicación de esos hechos que sugieren corrupción en la función pública y que están cubiertos por interés público, sería ilegal.

"Mientras el periodista no intervenga en la obtención ilegal de información, puede publicarla, lo que se está haciendo este proyecto es cerrar la posibilidad de publicar la información, y se está poniendo un límite indebido al interés público. Repito, actualmente pueden publicar en tanto haya interés público, con esto, aún existiendo, conforme está redactado el proyecto de ley, se estaría de alguna manera coartando la libertad de expresión", concluyó Acuña.

Revisión del texto

Para Raúl Silesky, del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) el proyecto se ha buscado por más de 15 años, y favorece en realidad el ejercicio libre del periodismo en Costa Rica, sin embargo, reconoce que este tipo de párrafos podrían ser revisados para evitar inconvenientes.

"Particularmente, me parece que la ley es importante, llevamos más de 15 años esperando para su aprobación. Creo que para la prensa hay un tema relevante en tiempos de espera para acceso a información, pero como toda ley debe mejorarse en algunos aspectos, lo que se está planteando en esos artículos merece análisis y discusión, así como eventual reforma", expresó Silesky.

El proyecto de ley posee en el inicio de su redacción el interés del Poder Legislativo porque haya una agilidad mayor en cuanto a tiempos de respuesta para solicitudes de información en instituciones públicas.

Actualmente la ley establece un periodo de diez días, mientras que con la nueva norma se reduciría a la mitad.

No obstante, la reducción de los tiempos de respuesta traería consigo una limitación sustancial en el tipo de datos que medios de comunicación y ciudadanos pueden solicitar para efectos de fiscalización de la función pública.

En este momento el proyecto está pendiente de una eventual firma del presidente Carlos Alvarado para pasar a ser ley de la República.