Proyecto de ley que prohíbe juguetes bélicos recibe aval de comisión legislativa
Iniciativa sanciona fabricación y comercialización de juguetes que se asemejen a armas reales
01/11/16 | 15:55pm
La iniciativa que prohíbe la fabricación y comercialización de juguetes que parecen ametralladoras, pistolas o granadas avanza en la Asamblea Legislativa en su camino a convertirse en una ley.
Este martes, con una votación de 7 contra 2, el proyecto fue dictaminado afirmativamente en la Comisión de Asuntos Económicos por lo que pasará a discutirse al plenario.
Las legisladoras Natalia Díaz del Movimiento Libertario y Nidia Jiménez del Partido Acción Ciudadana fueron las que se opusieron, mientras que los que votaron a favor fueron encabezados por el legislador de Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez, propulsor de la iniciativa.
El proyecto, detalló González, solo se refiere a juguetes que se asemejen a armas de fuego reales; es decir, que deja por fuera pistolas de agua o espadas con aspecto de fantasía, por ejemplo. La iniciativa, que se tramita bajo el expediente número 19613, establece multas de uno a tres salarios mínimos a quien incumpla la normativa, los montos oscilarían entre ¢400.00 y ¢1.2 millones.
Además, la propuesta establece que Ministerio de Seguridad Pública deberá eliminar los rangos, símbolos, y nomenclaturas militares que usen las autoridades de la Fuerza Pública, así como el lenguaje y saludos militares. De esta forma ya no habría más sargentos o coroneles en el país.
El articulado indica que el Estado será el encargado de promover, por medio del Ministerio de Educación Pública, la producción, importación, distribución, venta, publicidad y uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente, el esparcimiento, la creatividad y que despierten en los niños el respeto por la vida, la creatividad, la sana emulación, la camaradería, la lealtad, el trabajo en equipo, el respeto al adversario, la comprensión y la tolerancia con los demás y el entendimiento.
La vigilancia y fiscalización de lo dispuesto en esta ley corresponde al Ministerio de Seguridad Pública a través de la Fuerza Pública, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio mediante la Comisión Nacional del Consumidor, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Aduanas así como al Ministerio de Educación Pública, mediante la oficina respectiva que determine esta institución.