Proyecto de ley de Empleo Público afecta funcionamiento del Poder Judicial, responde Corte Plena
Corte votó informe que realizó el magistrado Jorge Olaso
02/06/21 | 11:20am
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público afecta el funcionamiento del Poder Judicial, determinó la Corte Plena este miércoles luego de que los diputados enviaran a consulta el plan.
Así lo resolvieron de forma unánime 17 magistrados presentes en la sesión, al votar un informe que realizó el magistrado Jorge Olaso, de la Sala Segunda, quien a su criterio la propuesta que se tramita bajo el expediente 21.336 presenta vicios de inconstitucionalidad.
La iniciativa de ley, clave en el acuerdo alcanzado por el Gobierno de la República para el acceso a un crédito de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue enviada por los diputados el 24 de mayo anterior, luego de concluir la discusión de 352 mociones de reiteración y 188 revisiones.
Además de la Corte, el proyecto fue enviado a consulta al: Tribunal Supremo de Elecciones, Caja Costarricense de Seguro Social, instituciones autónomas, Consejo Nacional de Rectores, universidades públicas, Consejo Superior de Educación y municipalidades.
De acuerdo con el informe del magistrado Olaso, en el proyecto de ley hay una "clara afectación a la independencia de poderes" en razón de que establece una "Gobernanza de Sistema General de Empleo Público" que recae sobre el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (MIDEPLAN)
En el mismo sentido se pronunciaron varios magistrados, como la magistrada y vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano, quien expresó que "a veces siento que nos tratan como si fuéramos un ministerio más, no un Poder de la República”.
Posición similar manifestó el magistrado Alvaro Burgos, de Sala Tercera, quien indicó que "este es un proyecto nefasto para la independencia del Poder Judicial. No me queda duda que lo que hace es consagrar como caballo de Troya al Mideplan, para minar la independencia del Poder Judicial".
El Ejecutivo puja con fuerza para la aprobación de esta propuesta, que requerirá el visto bueno de al menos 38 legisladores en su segundo debate para convertirse en Ley de la República.
La misma fue elaborada por la administración de Carlos Alvarado Quesada con el objetivo de disminuir su gasto y afinar sus cuentas fiscales en el mediano plazo, de cara al acuerdo de financiamiento con el organismo multilateral.
Entre otros aspectos, el texto elimina la posibilidad de establecer pluses salariales e impone una escala salarial única a todo el sector público, en lugar de los sistemas actuales compuestos (de salarios más incentivos económicos).
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