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El acuerdo con el FMI busca financiamiento por $1.750 millones en tres años.

Punto a punto: esta es la propuesta final de estabilidad financiera que el FMI aceptó a Costa Rica

El país alcanzó un acuerdo técnico con la organización para acceder a un programa de financiamiento por $1.750 millones en tres años, cuyos desembolsos quedarán sujetos al cumplimiento de la agenda fiscal impulsada por el Gobierno.

22/01/21 | 18:57pm

La propuesta de estabilidad financiera que presentó el Gobierno de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un servicio ampliado de financiamiento por $1.750 millones logró convencer al organismo internacional. Manuela Goretti, jefa de misión de la entidad en el país, dijo que las medidas impulsadas por el Gobierno son "progresivas", que "ayudarán a reducir la desigualdad de ingresos" de las finanzas públicas costarricenses.

El acuerdo técnico está dado y ahora solo restan la aprobación final de la Gerencia y el Directorio Ejecutivo del Fondo, a más tardar en marzo, y posteriormente la aprobación legislativa que sellaría la carta de entendimiento.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el Fondo, aseguró que el acuerdo es un "hito histórico" para el país, que no solo le dará acceso a dinero en condiciones blandas sino que mejorará su tendencia macroeconómica, le dará sostenibilidad en el mediano plazo y generará confianza en los mercados internacionales sobre las posibilidades nacionales de evitar un colapso financiero.

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Pero, ¿qué medidas incluyó finalmente la propuesta?

Estas son todas las medidas en materia de contención del gasto y nuevos ingresos, de cuyo cumplimiento dependerá el giro de cada desembolso del Fondo:

Gastos

  • Contención del gasto público (rendimiento de 3,5% PIB), a través de:
    • Cumplimiento estricto de regla fiscal.
    • Mayor restricción del gasto público vía decretos ejecutivos.
    • Recortes presupuestarios en 2021 y 2022.
    • Congelamiento de plazas vacantes.
  • Congelamiento de pensiones con carga al presupuesto nacional, mientras la deuda pública supere el 60% del PIB (rendimiento del 0,23% PIB)*
  • Reforma a empleo público (rendimiento anual promedio de 1,37% PIB en primeros 10 años de aplicación)*

Ingresos permanentes

  • Eliminación de exoneración de renta a salario escolar (rendimiento anual de 0,12% PIB)*
  • Homologación de tasas de Impuesto sobre Rentas de Capital al 15% para ahorrantes en cooperativas y solidaristas (rendimiento anual de 0,13% PIB)*
  • Aumento de cinco puntos porcentuales en impuesto sobre remesas al exterior (rendimiento anual de 0,14% PIB)*
  • Reestructuración de Impuesto a Casas de Lujo (rendimiento anual de 0,08% PIB)*
  • Nuevo impuesto de renta a los premios de lotería superiores a medio salario base (¢225.000) (rendimiento anual de 0,09% PIB)*
  • Aplicación de un sistema de renta global a partir de 2023 (rendimiento anual mínimo de 0,43% PIB)*

Ingresos temporales

  • Aumento del Impuesto sobre Rentas de Capital, por dos años (rendimiento anual de 0,02% PIB)*
  • Venta de la cartera de crédito de Conape (rendimiento de 0,6% PIB)*
  • Aporte extraordinario de hasta un 30% de las utilidades de empresas estatales por cuatro años (rendimiento anual de 0,2% PIB)*

* Requiere proyecto de ley

Además de estas medidas, el presidente Cubero, del emisor, indicó que la propuesta nacional también contiene el efecto de la política monetaria nacional en los próximos años, la cual agregaría parte del impacto necesario para reducir el déficit fiscal y ordenar el estado de la deuda pública.

Asimismo, se implementarán mecanismos como los nuevos sistemas tributarios de Hacienda a partir de 2023 y ya se impulsa una reforma a la Ley de Aduanas en el Congreso; mientras que se espera una recuperación gradual de la economía con el paso de los peores efectos de la pandemia del SARS-CoV-2.

Como parte de este proceso se descartaron impuestos a rendimientos de pensiones complementarias, sobretasas a las rentas más altas, un aumento extraordinario en la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aplicar un impuesto a transferencias.

Los plazos para el cumplimiento de las medidas serán establecidas en etapas posteriores. Sin embargo, cada desembolso semestral que haga el organismo a Costa Rica estará sujeto a distintos niveles de avance en la agenda.

La meta económica del programa es alcanzar un superávit primario del 1% del PIB en 2023 y reducir la deuda pública a un 50% de la producción en 2034. Un "superávit primario" significa una diferencia positiva entre ingresos y gastos, sin contar el pago de intereses de deuda vieja. Es decir, la diferencia entre gastos e ingresos que obligan al Estado a aumentar su endeudamiento año con año.

Cerrar el déficit primario, que alcanzó un 3,4% del PIB en 2020, es vital para que el país pueda reducir y controlar sus niveles de endeudamiento, los cuales se triplicaron desde 2008 y ya alcanzan un 67,5% de la producción.

No cerrar esta brecha conduciría a Costa Rica a dificultades de financiamiento que golpean indicadores como tasas de interés y tipo de cambio y, eventualmente, correr el riesgo de un impago (quiebra de gobierno) y una crisis de proporciones mayores.

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El proceso

La propuesta costarricense ya fue aprobada por el equipo técnico del FMI. Una misión del organismo realizó una exploración virtual desde el 11 de enero pasado, en la que se reunión con actores políticos, civiles y financieros para analizar la viabilidad del acuerdo con el país, y ahora llevará sus resultados a la Junta Directiva del ente internacional, que cerraría su visto bueno a más tardar en marzo.

Posteriormente, correspondería al Congreso costarricense decidir si avala o no el acuerdo con el Fondo, una decisión que, según la jefa de misión Goretti, debería concretarse antes de mediados de año para iniciar en la segunda mitad de este mismo 2021.

Según la encargada de misión del Fondo en Costa Rica, cada punto de la propuesta es esencial para que se desembolsen los recursos, gradualmente, en los tres años del acuerdo. Por ello, debe existir consenso político sobre la propuesta para que la línea de crédito se desarrolle correctamente.

"Nuestro acuerdo se basa en el paquete completo de medidas que se nos han presentado, así como las reformas estructurales que han mencionado las autoridades. Por eso es crítico que todos estos elementos avancen en el procedimiento legislativo, para que el programa funcione", subrayó.

El proceso de negociación con el FMI arrancó formalmente desde agosto del año pasado. Desde entonces, la aprobación de la esta propuesta nacional es el mayor avance del proceso. Antes, el Gobierno había empezado contra corriente en septiembre, cuando presentó un primer borrador de su propuesta al Fondo que naufragó ante revueltas y oposición interna de grupos políticos, civiles y sindicales.

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