“Procuraduría se precipita y actúa sin pruebas”, dicen abogados del Presidente tras querella

Los abogados del presidente Carlos Alvarado refutaron la querella de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y el pago de ¢20 millones que estimaron por daño social por el caso de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

“Reiteramos que en el caso UPAD no se ha cometido delito alguno y así se demostrará en el momento oportuno. Tampoco existe ningún daño social que se haya causado y que justifique la querella y el absurdo monto de la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría, que actúa con precipitación y sin ningún sustento probatorio”, señalaron los abogados defensores del presidente de la República, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, mediante un comunicado de prensa.

Este lunes, la PEP indicó que la querella constituye el delito de prevaricato, por el dictado del Decreto Ejecutivo 41996-MP-MIDEPLAN “Creación de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD)”, el cual con probabilidad se dictó de manera contraria a derecho y fundado en hechos falsos por parte del Presidente y del ex Ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora, referidos; delito previsto y sancionado en el Código Penal en el artículo 357.

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Acusación premeditada

Para el abogado Brenes, el Ministerio Público presentó una acusación precipitada, sin haber terminado la investigación ni revisado los celulares y computadoras que decomisó, en el caso UPAD.

“Ahora se une la PEP presentando una acción civil resarcitoria, actuando sin independencia de criterio y siguiendo automáticamente al Ministerio Público en su acción precipitada y falta de prueba”, agregó.

“Confiamos en los Tribunales de Justicia y sabemos que la verdad se establecerá eventualmente en el proceso. Eso sí, lamentamos la pérdida de tiempo y de recursos en acciones sin fundamento legal ni probatorio, que solamente causan gasto de valioso tiempo y de recursos que pagan todos los costarricenses”, indicó por su parte Guvara.

El Ministerio Público presentó ante la Corte Plena la acusación por prevaricato contra Carlos Alvarado el pasado 2 de febrero, para el debido proceso y traslado a la Asamblea Legislativa, donde se deberá discutir el levantamiento de inmunidad del mandatario para un eventual juicio en su contra.