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Edificios centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social

Procuraduría: aumentos irregulares en CCSS causaron ¢210.279 millones en daño social al Estado

Juzgado de Goicoechea fija arranque de audiencia preliminar para el 9 de agosto de 2021

03/09/20 | 09:28am

Un peritaje de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) calculó en más de ¢210.279 millones el daño social ocasionado al Estado por la aprobación de un aumentos salariales y cesantías -en apariencia irregulares- que realizó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre 2006 y 2010.

El informe técnico además estimó un daño social de unos ¢7.895 millones por la venta de títulos valores del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), confirmó a AmeliaRueda.com la oficina de prensa del órgano procurador.

Con ese estudio, que estuvo a cargo de un perito actuario matemático, la Procuraduría de la Ética se sumó a la causa 12-000046-615-PE en calidad de víctima, para reclamar un total de ¢218.174 millones en daños sociales al Estado.

Bajo ese expediente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presentó el 13 de marzo de 2020 una acusación y solicitud de apertura de juicio contra 16 exdirectivos y altos funcionarios de la institución administradora de los centros médicos públicos del país, por presunta influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

Dentro del listado de encartados sobresale el presidente ejecutivo de la Caja en el periodo en cuestión, Eduardo Doryan Garrón. También los exgerentes Dinorah Garro Herrera, Gustavo Picado Chacón, Manuel Ugarte Brenes, Iván Guardia Gutiérrez y José Alberto Acuña Ulate.

Los demás imputados son de apellidos López Vargas, Montoya Murillo, González Castillo, Vega Rojas, Hernández Chacón, Quesada Martínez, Madrigal Mora, Cabezas Solera, Chaves Muñoz y Trejos Lobo; indicó a este medio el departamento de comunicaciones del Ministerio Público.

Por su parte, la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia señaló a AmeliaRueda.com que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea, programó del 9 al 20 de agosto la audiencia preliminar en la que se conocerán los detalles de la acusación y se definirá si se ordena un debate oral y público por el caso.

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CCSS

La acusación contra los exdirectivos y altos funcionarios de la Caja de Seguro Social por las supuestas irregularidades en la aprobación de una Política Salarial -que provocó un incremento en las remuneraciones y cesantías de los funcionarios de la institución- había sido dada a conocer por el fiscal adjunto de probidad, Glen Calvo, el 20 de marzo de 2019.

Sin embargo, con motivo del peritaje de la Procuraduría de la Ética, esa atribución de hechos se materializó hasta casi un año después.

La investigación se inició en 2012, a partir de una denuncia presentada por Daniel Muñoz Corea, quien laboró como jefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial de la institución entre 2007 y 2012. De acuerdo con el diario La Nación, el denunciante atribuyó la crisis de liquidez que enfrentaba la Caja en 2008 a un "maquillaje" de datos salariales, supuestamente realizado por altos mandos.

Esa información falseada en apariencia se incluyó en un proyecto de Política Salarial que aprobó la Junta Directiva en un fecha no especificada por la publicación. Como parte de esa iniciativa, se acordó romper el tope de la cesantía, al pasarla de 12 a 20 años.

Según el rotativo, Muñoz alegó en ese entonces que el plan se efectuó al margen de la valoración anual del estudio actuarial del Seguro de Salud y con proyecciones financieras modificadas de ese seguro al 2025."Al falsearse los resultados verdaderos que no daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron estos beneficios", dijo Muñoz al periódico.

La denuncia además señala que la crisis desencadenada por la decisión contagió el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, ya que este adquirió títulos valores al Seguro de Enfermedad y Maternidad, sin contar con un estudio técnico que lo respaldara.

Muñoz indicó que esa compra fue ordenada por el Comité de Inversiones del primero de los regímenes para solventar los problemas de liquidez del segundo.

Lea más: Fiscalía acusa a 18 altos funcionarios de CCSS por aumentos irregulares en salarios y cesantías

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