Procuraduría acepta que H. Solís pague ¢163 millones para evitar ir a juicio por denuncia del 2013

La Procuraduría General de la República (PGR) acepta que la propietaria de la empresa H. Solís, Mélida Solís, pague ¢163 millones para evitar ir a juicio tras la denuncia presentada en su contra en 2013 por recibir un pago irregular de ¢1.000 millones.

De acuerdo con el abogado del Estado, la conciliación “es lo más favorable” y por esa razón, el lunes anterior en la audiencia preliminar del caso, la PGR avaló la transacción; sin embargo, el proceso no avanzó porque la Contraloría General de la República (CGR) se opone.

El pago irregular de la factura se dio en diciembre del 2011, cuando el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pagó ¢1.000 millones a H. Solís por concepto de “adelanto” de un trabajo de mantenimiento que se realizaba en la ruta Bernardo Soto; no obstante, esta figura (adelanto) no está permitida en la Administración.

Tras la investigación realizada, se denunció penalmente el caso en el 2013 y desde 2017 se intenta conciliar, teniendo la negativa de la CGR debido a que avalar el pago de daño material y social impediría aplicar sanciones administrativas a los funcionarios involucrados.

Sin embargo, para la Procuraduría, “lo más favorable” es conciliar y recibir el pago.

“El asunto con la causa 13-45-621-PE, data desde el año 2013 e inicia con un informe de la Contraloría General de la República, donde detalla el caso y hace referencia a que se ocasionaron daños por la suma de 88.397.663.14 colones. Para el año 2017, la empresa y sus representantes indican que quieren acogerse a una medida alterna, de las que faculta el Código Procesal Penal, indicando que pagarían la totalidad del daño que indica la Contraloría que se produjo y, además, pagarían 75.000.000.00, de daño social que se reclama en la acción civil resarcitoria que interpuso la PGR. Es importante aclarar que tanto los 88 millones, como los 75 de daño social se están cobrando en la acción civil.

“Llegada la propuesta y tomando en consideración que se está cancelando la totalidad del daño, además de valorar las situaciones propias de la causa, se llega a la consideración de que la propuesta es lo más favorable para el Estado y se decide aceptarla”, explicó la PGR a AmeliaRueda.com por medio de su oficina de prensa.

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El caso involucra a la dueña de H. Solís y a cuatro exfuncionarios del Conavi que avalaron el pago y que incluso lo realizaron durante el período de vacaciones de fin de año del 2011, cuando las oficinas estaban cerradas.

Ahora, el proceso de audiencia se suspendió a la espera de que se resuelva la nueva apelación planteada por la Contraloría.

“Sobre las consideraciones de la Contraloría, lo que se puede indicar es que lo que está solicitando no atiende a una medida alterna, donde se busca la solución del conflicto, sino que la Contraloría busca prácticamente que se impongan sanciones que no van acorde con la salida al proceso que se está conociendo.

“Buscar sanciones a través de medidas alternas causa un desequilibrio en la causa, imponiendo responsabilidad en una etapa donde no se ha juzgado por parte de un Tribunal”, agregó la explicación de la Procuraduría.

Por su parte, en el ente contralor evitan explicar los motivos que mantienen para no aceptar la conciliación y la diferencia de criterios que existe entre dos entidades que representan al Estado.

“La CGR participa como querellante en esa causa, expediente 13-000045-621-PE (al cual se le acumuló la causa 15-000051-621-PE) en tutela de la Hacienda Pública. En cuanto a los motivos y razones jurídicas de la oposición a conciliar, los mismos fueron expuestos ante la autoridad correspondiente, no obstante, por tratarse de una audiencia preliminar -que resulta privada- esta Contraloría General de la República no se puede referir a los detalles del asunto”, indicó la CGR por medio de la oficina de prensa.

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El caso

El Consejo Nacional de Vialidad pagó de forma irregular, en diciembre del año 2011, más de ¢1.000 millones a la empresa H. Solís por trabajos que se realizaban en la ruta Bernardo Soto, en el tramo del aeropuerto a Manolos.

Según las denuncias que llegaron hasta el Ministerio Público, el Conavi “disfrazó” el pago total de una obra y la gestionó como “adelanto”, figura que no está contemplada ni permitida en la legislación.

Por otra parte, el pago tiene graves irregularidades de fondo, debido a que correspondía a la cancelación total de cinco mil toneladas de cemento que al final no se utilizaron por completo.

Ante esta situación, se acusa a cinco personas por el supuesto delito de pago irregular de contratos administrativos. Ellos son:

• Solís Vargas, dueña de H. Solís.
• Campos Cerdas, analista presupuestaria del Conavi.
• Rojas Jenkins, exgerente de conservación vial del Conavi.
• Solís Murillo, exgerente financiero de Conavi.
• Aiza Campos, ejecución presupuestaria del Conavi.

Dos de los implicados en esta causa, (la dueña de H. Solís y el exgerente financiero) se encuentran actualmente involucrados también con el caso Cochinilla, investigación que revela, presuntamente, que los dueños de grandes empresas constructoras crearon una red criminal con un grupo de trabajadores del Conavi. Los empresarios, según la investigación en curso, daban sobornos a los funcionarios a cambio de dar trato preferencial en la adjudicación de contratos y adelantar los pagos de las facturas involucradas (MECO, H. Solís, ITP, Cacisa y Constructora Herrera).

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