El desembolso de los primeros $300 millones del acuerdo por con el Fondo solo se amarra a la aprobación del contrato general del acuerdo, que en los próximos días llegará a la Asamblea Legislativa.
07/03/21 | 08:01am
Costa Rica podría acceder a los primeros $300 millones del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) inmediatamente después de que la Asamblea Legislativa apruebe —si así lo deciden al menos 38 legisladores— el contrato general negociado con el organismo, para un servicio ampliado de financiamiento (Extended Fund Facility, originalmente en inglés) por $1.778 millones en tres años.
Así lo establecen las condiciones pactadas entre el FMI y el Gobierno de Costa Rica, recientemente publicadas en su sitio web por el organismo internacional.
Costa Rica acordó que recibiría los recursos en tres años, a través de desembolsos que se harían semestralmente, siempre y cuando el país avance con su agenda de propuestas para la sostenibilidad fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo. No obstante, la primera de las transacciones únicamente dependería de que la Asamblea Legislativa le dé su visto bueno a la operación crediticia como un todo.
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La información la confirmó a AmeliaRueda.com el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien aseguró que los desembolsos se pactaron en montos de entre $295 millones y $296 millones.
"Los desembolsos se realizarían en seis tractos. El primer tracto se desembolsaría contra la aprobación de parte de la Asamblea Legislativa del crédito, del acuerdo para el empréstito, y luego vendrían revisiones que se realizan de forma semestral y posterior a cada revisión, si el acuerdo se está cumpliendo en los términos que se dispuso por ambas partes, entonces se da el desembolso de cada sexto del préstamo".
"Esto se consumiría en un período que arrancaría ahora y tomaría dos años y medio adicionales", subrayó.
El primer desembolso es el único que no quedaría sujeto a mayores restricciones. A partir del segundo de ellos, cada "depósito" dependerá del avance de Costa Rica en la agenda que se propuso al Fondo para revertir el déficit financiero primario a partir de 2022 y dar estabilidad a la deuda pública en el mediano plazo.
Las condiciones del empréstito son blandas: con un plazo de 10 años y cuatro de gracia, y una tasa de interés anual estimada del 2,05%. Asimismo, establece una comisión por compromiso del 0,3% anual del monto programado a desembolsar y un cargo por servicio del 0,5% sobre cada monto desembolsado.
El Gobierno espera presentar oficialmente el contrato de aprobación al acuerdo con el FMI en la primera quincena del mes en curso, indicó el ministro Villegas.
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Específicamente, Costa Rica pactó que cada desembolso correspondería a 205,34 millones de Derechos Especiales de Giro (SDR, por sus siglas en inglés), una unidad de referencia que corresponde a aproximadamente 1,45 dólares.
Por eso Costa Rica recibiría alrededor de $300 millones en cada desembolso.
En el documento del acuerdo, el FMI señaló que el segundo desembolso se realizaría a partir del 15 de octubre de 2021, sujeto a una primera revisión de desempeño de la agenda que se realizaría en julio; mientras que el tercero estaría disponible a partir del 15 de marzo de 2022, sujeto a una segunda revisión a finalizar en diciembre de este año.
Los últimos tres desembolsos se realizarían a partir del 15 de octubre de 2022, l5 de marzo de 2023 y el 15 de octubre de 2023; tras revisiones en los meses de junio y diciembre anteriores.
Más allá de por el ingreso de los recursos, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central (BCCR) sostienen que la aprobación de la operación con el FMI es esencial para Costa Rica para obtener una mayor confianza en los mercados nacionales e internacionales en relación con el compromiso del país con estabilizar sus finanzas, que cerraron 2020 con una deuda pública del 67,5% del PIB y un déficit financiero del 8,1% de la producción.
Esa confianza, sostienen, es esencial para obtener financiamiento a menores costos, incluidos créditos internacionales a tasas de interés hasta tres o cuatro veces menores a las que se encuentran en el mercado local (bancos, fondos de pensiones, instituciones públicas, etc.)
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