Presupuesto 2023 de educación infringe Constitución al no alcanzar el 8% del PIB, dice PGR a Sala IV

El Presupuesto de 2023 para educación no cumple con lo estipulado en la Constitución Política de que este rubro debe tener una dotación mínima del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo la Procuraduría General de la República (PGR) a la Sala Constitucional.

Así respondió la PGR a una acción de inconstitucionalidad planteada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) contra el apartado sobre educación del Presupuesto de la República para el año en curso.

La respuesta de la PGR —de la que este medio tiene copia— fue revelada este miércoles por el medio Delfino.cr, pero tiene fecha del 13 de marzo de 2023. Los magistrados del Tribunal Constitucional todavía no han resuelto la acción presentada por la APSE.

"Es criterio de la Procuraduría que la presente acción es admisible", reza el informe en sus conclusiones. "Hubo una omisión" en dicho título presupuestario "en cuanto a cubrir el monto mínimo del 8% del PIB en gasto público para la educación estatal", añade.

6% del PIB

El 8% mínimo del PIB destinado a la educación está establecido en el artículo 78 de la Constitución Política. La PGR cita un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que estima que el monto destinado este año a educación es del 6% del PIB.

Según la CGR, "el presupuesto asignado al sector educación respecto del PIB para 2023 es el más bajo en los últimos 9 años", y muestra además un decrecimiento del 1,2% en comparación con el presupuesto inicial de 2022.

Siempre según el órgano contralor, el 70% del presupuesto educativo de 2023 se destina al Ministerio de Educación Pública (MEP) y el 24,3% va a las universidades públicas por medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Todo ello, retomó la Procuraduría, "ciertamente configura un incumplimiento del mandato constitucional por parte del legislador presupuestario en orden a cubrir el monto mínimo de gasto público para la educación estatal".

Además, la PGR afirma que la protección del derecho a la educación no puede verse "menoscabada" con nuevas leyes, como el Presupuesto de 2023, toda vez que más bien "debe procurarse la mejora continua y permanente" del derecho.

Colaboró el periodista Greivin Granados.