Presidente a Uccaep: Es un irrespeto a la policía atribuir levantamiento de bloqueos a firma con MRN

"Es un irrespeto a la Fuerza Pública, a los más de 120 policías heridos y a la democracia misma, decir que fue una firma espuria la que levantó los bloqueos, cuando la realidad es que fue la acción hecha por las autoridades, unas mediante el diálogo y otras por la acción policial, y hay basta evidencia pública de ello".

De esa manera, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, respondió la tarde de este 16 de octubre en un mensaje dirigido al país al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), José Álvaro Jenkins Rodríguez, por las declaraciones dadas por la mañana en el programa Nuestra Voz, al referirse al acuerdo firmado el día antes con el "Movimiento Rescate Nacional", grupo promotor de los bloqueos que afectaron las vías nacionales en las últimas entre el 30 de setiembre y el 14 de octubre, como protesta a las negociaciones entre el Gobierno de la República y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Lo que no había hecho el Gobierno en dos semanas, logré tratar de hacerlo en una conversación de cinco horas que estuve con ellos", aseveró el empresario en el espacio radiofónico.

Jenkins reveló que tuvo un primer encuentro con el 14 de octubre por la mañana con representantes de "Rescate Nacional" en la Zona Norte; el cual, según dijo, fue la causa que derivó en la firma de un acuerdo de "acercamiento" entre la Unión de Cámaras y el "Movimiento" que trascendió hasta la noche del día después.

El presidente de la entidad del sector privado afirmó que escuchó a los representantes del grupo y que les aconsejó no realizar más bloqueos, para evitar que se les relacione con actividades criminales. También aseguró que considera ese proceso de escucha como un acto que correspondería realizar al mandatario, pues el grupo ya depuso sus cierres en carretera y solo quiere que se les escuche.

Por su parte, Alvarado manifestó: "Hay voces muy minoritarias, pero peligrosas, que están llamando a generar inestabilidad. Jamás en Costa Rica prevalecerán. Lo grave hoy es que una organización empresarial legitimó a ese actor. Al hacer eso, le dio la espalda a la democracia".

"Lo que ocurrido es una mancha a la democracia de Costa Rica que debemos subsanar en medio de una crisis sanitaria y ahora económica".

El gobernante hizo un nuevo llamado al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith, y el de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, así como los expresidentes de la República y a los partidos políticos "demócratas" a cerrar filas "con el sistema democrático, con la institucionalidad y con Costa Rica".

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Mismo pedido lanzó a las iglesias, sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, mujeres, juventud, agricultores y "a los empresarios que respaldan la democracia".

Alvarado insistió -tal y como lo hizo el 15 de octubre en una declaración escrita- que la convocatoria realizada por él y por Cruickshank "sigue en pie", al igual que los diálogos regionales que se prevé inicien este 17 de octubre las zonas económicas Chorotega, Brunca, Pacífico Central y Huetar Norte.

Sobre la mesa multisectorial suspendida ante la falta de confirmaciones de los participantes, el mandatario indicó que se adaptará "la conformación de los sectores".

"Dialogaremos con todos los actores legítimos y que respalden la vía democrática. Lo haremos multisectorialmente, escuchando también iniciativas como la de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y las iniciativas territoriales en los diálogos en los que el Gobierno lleva marcha y que reanudarán mañana. Así, alejaremos a nuestro país del abismo económico al que nos ha acercado el Covid-19.

"Pero he sido claro, a corto plazo debemos tener una propuesta en materia de finanzas públicas para evitar una grave crisis económica y social. Saldremos adelante, pero distingamos quienes defienden la paz y la democracia y quienes no", culminó el gobernante.

El Poder Ejecutivo denunció el 15 de octubre a los cabecillas del "Movimiento Rescate Nacional", los exdiputados José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz, por ocho delitos que incluyen atentado, motín, asociación ilícita, entorpecimiento de servicios públicos y obstrucción de vías. Ambos excongresistas, y otros dirigentes del grupo, tenían una causa abierta para entonces, en la que se acumularon cuatro quejas.

La organización además reconoció públicamente, a través de Corrales, que el crimen organizado se infiltró en sus protestas, que han ocasionado disturbios, ataques con arma de fuego, explosivos y objetos contundentes contra oficiales de la Fuerza Pública, daños contra vehículos oficiales, particulares y de carga; entre otros.

Consultado al respecto, Jenkins argumentó que el grupo de representantes con el que conversó estaba "consciente y preocupadísimo" de este tipo de situaciones y aseguró: "Todos son gente joven, inteligente... Muchos de ellos empresarios que saben escuchar y que saben cuando alguien les está hablando la razón y lo que sentí es que estaban buscando desesperadamente una válvula de escape, a ver cómo salían y que nadie se las había dado".