Presidente Solís, 10 ministros, 10 diputados y 13 magistrados son investigados en la Fiscalía

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, 10 ministros, 10 diputados y 13 magistrados están en la mira de la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, quien tiene investigaciones penales en su contra.

De acuerdo con información de la Fiscalía General, 34 miembros de los Supremos Poderes tienen causas abiertas que están en trámite, es decir, están en investigación.

Todos los casos están en estudio, razón por la cual el órgano acusador del Estado no puede informar sobre los hechos investigados. Sin embargo, sí es posible conocer el delito que es objeto de investigación.

Poder Ejecutivo

El presidente Solís es investigado a raíz de una causa que se abrió en el 2017 por el delito de nombramientos ilegales, el cual está tipificado en el artículo 337 del Código Penal de Costa Rica, y establece que "será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales".

Al igual que Solís, la Fiscalía tiene una causa abierta por nombramiento ilegal contra el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega.

Además, el vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, tiene dos causas por incumplimiento de deberes. Por el mismo delito es investigado el ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum Camacho.

Por el delito de prevaricato, el cual ocurre cuando se emiten resoluciones contrarias a la ley, son investigados: el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz Cavalline; el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta; Rosendo Pujol Mesalles, ministro de Vivienda; Olga Marta Sánchez Oviedo, ministra de Planificación; y Mauricio Ventura Aragón, ministro de Turismo.

Los otros tres ministros que están bajo investigación son: German Valverde González, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quien tiene dos causas por falsedad en la receptación de bienes y servicios. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, por desobediencia, así como la jerarca de la cartera de Salud, Karen Mayorga Quirós, quien es investigada por de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Poder Legislativo

En la Asamblea Legislativa, el Primer Poder de la República, un total de 10 diputados tienen expedientes penales abiertos en la Fiscalía General.

La mayoría de esos legisladores son investigados por el delito de tráfico de influencias. Se trata de los diputados: Emilia Molina Cruz (Partido Acción Ciudadana), Víctor Morales Zapata (independiente), Otto Guevara Gutt (Movimiento Libertario), Rafael Ortiz Fábrega (Unidad Social Cristiana) y Francisco Camacho Leiva (Frente Amplio).

Los únicos que figuran en un mismo expediente son los legisladores Guevara y Morales Zapata, quienes son imputados en la causa 15-000022-0033-PE, relacionado con el caso del cemento chino.

El expediente señala que, antes de noviembre del 2014, al parecer los diputados se aliaron entre sí "para procurar la reforma al Reglamento Técnico de Cemento, y así variar los requisitos para su venta y con ello ampliar los parámetros, lo cual permitiría al coimputado empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importar cemento desde China, obteniendo con esto un beneficio patrimonial".

Por ese caso, la fiscala Navas les allanó las casas y oficinas a los diputados en noviembre del año pasado. Ambos legisladores también son investigados por el delito de prevaricato.

Otro legislador investigado es Óscar López Arias, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), por el delito de peculado.

Por incumplimiento de deberes tienen expedientes abiertos los diputados Ottón Solís Fallas (PAC), Carlos Hernández Álvarez (independiente, anteriormente del Frente Amplio) y Julio Rojas Astorga (Liberación Nacional). Este último congresista también es investigado desde inicios de este año por supuestamente cometer el delito de enriquecimiento ilícito.

La lista de diputados investigados también la integra el legislador Jorge Arguedas, del Frente Amplio, a quien desde inicios de este 2018 se le abrió una causa por una presunta agresión con arma.

Cuando termine el actual período constitucional del Congreso y Casa Presidencial, en mayo de este año, esos miembros de Supremos Poderes pasarán a ser investigados por fiscalías ordinarias.

Poder Judicial

En total, 13 de los 22 altos jueces enfrentan denuncias penales por diferentes causas que están en investigación en Fiscalía General.

A diferencia del Ejecutivo y Legislativo, algunas causas están contra todos los miembros de una de las cuatro salas de la Corte en específico. Como es el caso de la Sala Primera, donde los cinco magistrados de ese órganos fueron denunciados por el delito de prevaricato.

En esa causa figuran los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga, William Molinari Vílchez, Román Solís Zelaya, Carmenmaría Escoto Fernández e Iris Rocío Rojas Morales.

Asimismo, la Sala Primera tiene una causa bajo el expediente 18-000001-0033-PE, también por prevaricato, donde están como imputados los magistrados Escoto, Rojas, Rivas y Solís.

Por una resolución de la Sala Segunda fueron denunciados los magistrados Orlando Aguirre Gómez, Julia Varela y los exmagistrados Rolando Vega y Eva Camacho, quienes ya están jubilados.

El presidente de la Corte y magistrados de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla es investigado por corrupción en el expediente 18-000031-0033-TP, según Fiscalía. Él también tiene otras dos causas abiertas, ambas por el delito de prevaricato.

Asimismo, los magistrados Luis Porfirio Sánchez (Sala Segunda) y Doris Arias Madrigal tienen una causa en común por incumplimiento de deberes.

Mientras, en la Sala Constitucional, los magistrados Ernesto Jinesta y Fernando Cruz tienen causas penales que investigan los delitos de falsedad ideológica y peculado, respectivamente.

Por último, el magistrado que más tienen expedientes abiertos es Celso Gamboa Sánchez, de la Sala Tercera, quien enfrenta nueve causas. Los delitos van desde tráfico de influencias hasta incumplimiento de deberes.