Presidente de la Corte: Reforma a empleo público violaría independencia de poderes

La reforma al empleo público que impulsa el Poder Ejecutivo y que se discute en la Asamblea Legislativa pondría en entredicho la independencia del Poder Judicial, tal como está redactado el proyecto en este momento. Así lo indicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Cruz, en comparecencia con lo diputados de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.

Cruz afirmó que la redacción actual pone la coordinación del empleo público y la emisión de directrices generales en manos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), lo cual interfiere con la independencia organizacional y funcional del Poder Judicial establecida en la Constitución Política.

Según el magistrado, el Poder Judicial cuenta con tres leyes que establecen su independencia en materia de empleo: la Ley de Salarios del Poder Judicial, el Estatuto del Servicio Judicial y la Ley Orgánica Judicial; las cuales definen las pautas para el nombramiento, el ascenso y la política en materia de empleo que ahora serían ignoradas.

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"Lo que ahora se plantea en este proyecto va a contrapelo de esta orientación política que se dio a partir de 1948. Esta ley refuerza el empoderamiento del Mideplan frente al Poder Judicial, hay una incidencia muy clara en que el Mideplan se convierte en un rector o en un contralor del Poder Judicial y, al crear un sistema general de empleo público, se ignoran órganos del gobierno judicial como la Corte Plena y el Consejo", comentó.

"Aquí surge una interrogante constitucional (...) la ley establece una relación directa entre el Mideplan y gestión humana, más allá de la propia definición de las jerarquías del Poder Judicial", subrayó.

Para Cruz, la intención del Poder Judicial no es "apartarse" de la ley, sino defender que la administración de las reformas debería quedar en manos del Poder Judicial como un órgano independiente en sí mismo.

"Lo que pasa es que si a base de las necesidades (del país) lo que queremos es unificar, ignorando la importancia que tiene la independencia de poderes, entonces sí existiría una distorsión".

"No es que queramos un privilegio ni una situación de ese tipo, en lo absoluto. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido que la independencia judicial se traduce en independencia en materia económica, por la inamovilidad de su personal y que en lo funcional requiere que pueda tomar decisiones conforme a criterios propios y no como resultados de presiones procedentes de determinados grupos, instituciones o personas".

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Cruz subrayó que para resguardar la independencia judicial sin promover una "visión aislada" de sus recursos, los cambios propuestos por la ley se podrían aplicar a las normas ya vigentes que lo rigen o permitir que cualquier reforma que se apruebe sea administrada por cada organismo en su propio nivel de independencia.

"Si aprobaran la ley de modo que el Mideplan pueda tener incidencia a través de reglamentos quedaría la puerta abierta para que en un futuro Gobierno, con otras dimensiones y orientaciones, tenga una muy hábil intervención sobre el Poder Judicial", concluyó.

La reforma

El proyecto de reforma al empleo público propuesto por el Gobierno entró en corriente legislativa desde abril de 2019; sin embargo, su su discusión se pausó por varios meses y se reactivó hace apenas pocas semanas, tras la presentación de un texto sustitutivo por parte del Poder Ejecutivo.

Entre otras medidas, el proyecto ahora establece un salario global con leves variaciones, por conceptos como disponibilidad y peligrosidad; con el objetivo de promover una mayor atracción de talento humano y una mayor estabilidad en materia de remuneraciones para el erario público.

Según las estimaciones del Gobierno, el proyecto permitiría ahorrar 0,7 del PIB —unos ¢250.000 millones— anuales en la próxima década, a través del recambio de funcionarios viejos que vayan dejando sus puestos por trabajadores nuevos con salarios iniciales más atractivos, pero con crecimientos menos pronunciados.

En total, se conformarían familias salariales para funcionarios en puestos de confianza, personal del servicio exterior, trabajadores judiciales, universitarios, educadores, policías, personal de salud, profesionales y no profesionales.

El proyecto dispone que todas las entidades públicas, con excepción de las empresas públicas en competencia, estarían bajo la rectoría del Ministerio de Planificación, que emitiría las directrices necesarias para uniformar escalas salariales y otros tratamientos del empleo público.

Esto también había sido reclamado por los sindicatos del Poder Judicial, los cuales advirtieron de la interferencia de poderes que resultaría de esa dirección. "Nosotros determinamos que es necesaria una relación estatutaria con la finalidad de determinar que existe un patrón único, que es el Estado, pero que ello genere una protección a los derechos laborales y una autonomía a cada uno de los poderes que conforma el Estado democrático costarricense", afirmó Andrea González, del Sindicato de la Defensa Pública.

Esta tarde, el magistrado Cruz reiteró que sería más viable "incorporar en la Ley de Salarios del Poder Judicial, en el Estatuto, las normas que hagan falta para unifrmar y para eliminar cualquier posible distorsión", con tal de no violar la separación de poderes, ni desconocer "los requerimientos o los méritos" específicos de las personas empleadas en el Poder Judicial.

El proyecto de le continúa en su etapa de consultas y audiencias.

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