"No vamos a detener nuestros esfuerzos para tener infraestructura de calidad y al mismo tiempo luchar contra la corrupción en todos sus niveles", afirma mandatario
14/06/21 | 18:01pm
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, hizo un llamado para proceder con castigos contra los funcionarios y particulares que se demuestre su participación en una red de corrupción dedicada a favorecer a cinco compañías en contratos de conservación y mantenimiento vial, a cambio de sobornos.
Mediante una breve declaración publicada en sus redes sociales a las 5:50 p.m. de este 14 de junio, el mandatario dijo estar indignado por la revelación de un esquema de coimas conformado por 32 personas -de las cuales 29 fueron detenidas en 57 allanamientos realizados por la mañana- que operó entre 2018 y 2020.
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"Siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción con contratos de obra pública con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y presuntamente otros entes. Comportamientos así son absolutamente inaceptables. Ahí, donde hay un corrupto, también hay un corruptor. Y ambos deben ser sancionados. Es mi deseo, igual que el del resto de los costarricenses, es que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan", aseveró el gobernante en su mensaje.
Uno de los sospechosos de integrar esta red es su principal asesor, el economista Camilo Saldarriaga Jiménez, quien horas antes renunció a su cargo.
"Como presidente me duele mucho que el enorme esfuerzo que hemos hecho por modernizar infraestructura pública se vea empañado por estos bochornosos actos. Como gobierno, no vamos a detener nuestros esfuerzos para tener infraestructura de calidad y al mismo tiempo luchar contra la corrupción en todos sus niveles: sean sobornos dados por empresas, por el narcotráfico o por otras manifestaciones", manifestó Alvarado Quesada.
El mandatario dijo desconocer el detalle de los hechos que se investigan y recalcó -tal cual lo hizo su exconsejero- que la Presidencia de la República no tiene participación en la asignación de adjudicaciones de obra pública.
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"Hemos dado y daremos nuestro pleno apoyo a toda gestión en la investigación. Todo el Gobierno de la República y todos sus jerarcas, en particular el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y don Rodolfo Méndez Mata, tienen toda la apertura para colaborar con las autoridades judiciales y combatir la corrupción.
"Si esta situación debe servir para algo, es para limpiar la corrupción dentro de las instituciones y para poder progresar como país con honestidad. Mi compromiso real con ustedes es y seguirá siendo ese. Eso es lo que juré hacer cuando asumí la Presidencia de la República", indicó el gobernante.
Los allanamientos simultáneos arrancaron a las 7:00 a.m. en 57 puntos diferentes y en ellos, tanto la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), pretendía recabar pruebas para la pesquisa contra 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.
Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Nacional de Vialidad. Con los operativos además se logró la captura de 18 empleados públicos involucrados y 11 particulares.
Asimismo, se realizaron allanamientos en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera y Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).
El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso -al que se le asignó el expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.
Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.
Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.
El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. También precisó que además detenciones, en los operativos se pretende el decomiso de prueba documental para incorporar a la causa penal.
Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.
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