Presidencia valora vetar proyecto de Ley de Justicia Restaurativa ante inquietudes de Fiscalía

La Presidencia de la República valora vetar el proyecto de Ley de Justicia Restaurativa ante las inquietudes que embargan a la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, manifestó este martes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esa es una de las posibilidades que valora el mandatario Carlos Alvarado Quesada, luego de que la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa aprobara en segundo debate el expediente 19.935, obviando los cuestionamientos planteados por las entidad citadas.

“El Gobierno valorará las inquietudes y las recomendaciones de la autoridades judiciales para tomar las decisiones sobre el proyecto de Ley de Justicia Restaurativa en los próximos días”, dijo el jerarca ante la consulta de AmeliaRueda.com.

La Constitución Política otorga 10 días al Poder Ejecutivo para analizar la decisión del Congreso.

El proyecto de ley contó con el respaldo de 18 de 19 diputados del foro con facultades plenas, el único que votó en contra fue el congresista Walter Muñoz Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN). Esa agrupación mocionó la semana anterior para que la iniciativa fuese trasladada al Plenario para acatar las recomendaciones de la fiscala general, Emilia Navas Aparicio y la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, pero la propuesta fue rechazada.

El Ministerio Público señala que existen en el proyecto de ley aspectos que afectan a las víctimas. “Creemos que es una buena forma de resolver conflictos entre las personas que han sido puestos en conocimiento de la administración de justicia, pero este proyecto de ley tiene que ser reformado y ajustado en tres aspectos: que afectan la independencia del Ministerio Público, que afectan a las mujeres víctimas de violencia y que afectan el presupuesto que está destinado para las mujeres víctimas de violencia", manifestó Navas.

De acuerdo con estimaciones de la Fiscalía, en total se estarían dejando de percibir ¢300 millones anuales para la atención en trabajo social, psicológica y legal de las víctimas de violencia.

Por su parte, Patricia Mora señaló que existe una incongruencia en el texto en discusión que debe subsanarse antes del segundo debate para excluir de cualquier beneficio a los violadores sexuales y agresores de género.

Como lo señala el propio texto legislativo "la justicia restaurativa se plantea como una herramienta alternativa a los procesos tradicionales de Justicia Retributiva en la solución integral del conflicto, creando una cultura de paz que impacta cuantitativa y cualitativamente en el Poder Judicial".

El plan incluye tres programas: para para personas ofensoras mayores de edad en conflicto con la ley penal, para personas ofensoras menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil y tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.

Esta modalidad ya existe, sin embargo, se planteó como legislación para darle solidez y contenido económico.