Presidencia del Congreso agrupa 341 mociones del proyecto de ley contra Crimen Organizado

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, resolvió agrupar 341 mociones del proyecto de Ley contra Crimen Organizado, que se discute bajo el expediente 23.090.

El criterio usado por la Presidencia del Congreso obedece a que muchas de las mociones muestran que son "iguales" o "equivalentes" a la hora de elaborar su respectivo análisis.

Esto hace que el número de mociones por discutir en el Plenario Legislativo será por 188 mociones. Inicialmente se presentaron 529 propuestas al expediente legislativo.

Los diputados comenzaron a discutir la propuesta a partir de este lunes 15 de mayo a partir de las 8:30 a.m. Al principio, se otorgó un receso de 15 minutos con el fin de concluir el análisis de las mociones y proceder a la lectura de la resolución presidencial.

"Varios diputados y diputadas presentaron mociones de fondo cuyas mociones de fondo adjuntas resultan ser idénticas, o bien, razonablemente equivalentes, por lo que esta Presidencia, conforme a las reglas de admisibilidad, procedió a su acumulación para su discusión en un solo acto. No obstante, lo anterior, la votación de cada una de estas mociones se hará de manera individual.

"Las mociones no señaladas como acumuladas se discutirán en forma individual, por no existir mociones de fondo con contenido similar o equivalente", se lee en la resolución leída en el Plenario.

Posteriormente, se presentó una apelación por parte de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado a la resolución, pero solo ella y su compañero Danny Vargas votaron a favor. 43 congresistas rechazaron la apelación.

Mociones

De las 529 mociones, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, presentó 519 mociones para que se discutan en el Plenario.

Consultada por AmeliaRueda.com, la congresista señaló que a la fecha continúa insistiendo que el proyecto "está mal por la forma y por el fondo", por lo que planteó la posibilidad de mejorar el proyecto.

"Desde el tema de la constitucionalidad que tiene que ver con el tema de la retroactividad de la norma. Hay varios párrafos que establecen la retroactividad de la norma, en la cual no estoy de acuerdo.

"Recientemente, muchos abogados y especialistas han venido diciendo que podría ser retroactiva y que es un error aprobarla de esa manera", indicó Delgado.

La congresista manifestó estar en desacuerdo con la propuesta de llevarse a dos jurisdicciones, es decir, la Ordinaria y la Especializada.

Manifestó que en caso de crear una Jurisdicción Especializada, lo ideal sería que lleve los casos de crimen organizado.

"Hay cosas tan sencillas y tan simples como el último transitorio que establece que la jurisdicción entra en vigencia en enero y febrero de 2023. Eso pasó hace días, no hay una definición clara de cuándo va a entrar la jurisdicción", aseveró.

Además de Delgado, el diputado verdiblanco Danny Vargas planteó ocho mociones, mientras que la frenteamplista Priscilla Vindas presentó una.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, sostuvo que si al 7 de junio no se aprueba el proyecto de ley, al menos 10 cabecillas quedarán en libertad. (Foto: Asamblea Legislativa).

Solicitud de retiro

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Ángel Guillén, solicitó a la congresista retirar las más de 500 mociones que presentó al proyecto de Ley que se discute en el Plenario.

Guillén dijo a Nuestra Voz que ese plan por parte de las autoridades del Poder Judicial lo están urgiendo y que obstaculizar su discusión en los momentos de inseguridad en que vive el país genera una gran preocupación.

"Esta ley viene a atacar una modalidad de criminalidad que es la organizada. Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de narcotráfico, de trata de personas, etc. Es un ámbito en el que realmente Costa Rica ha venido agravando sus índices.

"Mi solicitud a la diputada es muy respetuosa. Es una solicitud que además se alinea un poco a la línea en la que Rodrigo Arias ha venido sosteniendo. Don Rodrigo ha venido haciendo esfuerzos por tratar de buscar un norte, una política pública que se pueda conformar de forma clara", indicó Guillén.

Sostuvo que la congresista podrá ayudarle mucho al proyecto si quita ese montón de mociones porque en la jerga legislativa se establece que después de una cierta cantidad se aplica la guillotina, es decir, que se quedarán muchas de ellas sin discutir.

Enfatizó que la discusión de 500 mociones consumen horas vitales para que este puesto pueda seguir avanzando y llegar al Plenario en primer y segundo debate.

Proyecto polémico

El proyecto de Ley tiene como finalidad mejorar la redacción y mejorar los ámbitos de competencia en el abordaje de los temas sobre la delincuencia organizada.

Una de las iniciativas explicadas por el Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, señaló que en un plazo de 48 horas se busca proteger los derechos fundamentales por medio de que el juez verifique el cumplimiento de los requisitos legales para conocerse por la vía ordinaria.

En su exposición ante los diputados el pasado 26 de abril, Díaz expuso que el plan propone que el fiscal subrogante realice la solicitud para que los asuntos se aborden ante la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) en casos donde el fiscal general no pueda desarrollarlos.

El fiscal agregó que el expediente pretende que la persecución penal de los asuntos relacionados con la delincuencia organizada se vean como un acto de acción pública y no podrán ser convertidos a delitos de acción privada.

A su vez, recalca la necesidad que el mismo se establezca con base en dos jurisdicciones, tanto en la jurisdicción penal ordinaria, así como también en la JEDO.

En caso que se determine la competencia por resolución firme de los Tribunales de la JEDO, no podrá ser objetada por las partes, por los Tribunales de la Jurisdicción Ordinada ni declinada de el oficio.

El plan busca establecer un transitorio para las autoridades jurisdiccionales de adecuar los plazos de prisión preventiva para que en la vía ordinaria haya un plazo ordinario de 12 a 18 meses, mientras que en la JEDO de 12 a 24 meses.

El proyecto se encuentra como la acción inmediata del periodo de sesiones extraordinarias en su discusión legislativa, es decir, cuando la agenda legislativa está bajo control de las autoridades del Poder Ejecutivo.