Auditor: “Mensajero” que enlazaba a empresarios con funcionarios “pasaba más de 8 horas en Conavi”

Tobías Arce Alpízar era el "mensajero", el "enlace" o el "intermediario" entre los empresarios de la construcción y los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y para ejercer su labor se mantenía durante todo el día en la entidad.

"Si noté que esa persona pasaba más de 8 horas en el Conavi", dijo el Auditor de dicha entidad, Reynaldo Vargas, durante su comparecencia la mañana de este jueves en la Comisión Especial que investiga los supuestos casos de corrupción tras revelarse el expediente conocido como Cochinilla.

Vargas dijo que él entró a laborar en la institución en el 2010 y al notar lo que ocurría con esta persona externa decidió en 2011 intentar regular y limitar los ingresos, sin embargo, no tuvo muchos resultados.

"Se hicieron todas las gestiones para limitar el ingreso de personas en el 2011, hicimos advertencias sobre el uso de los carnets", explicó el Auditor, quien agregó que la instrucción fue que sólo podían ingresar personas con esta identificación institucional y el resto debía registrarse, sin embargo, luego se dieron cuenta a Arce Alpízar no se registraba.

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Las intenciones de limitar el ingreso de "Tobi" no tuvieron resultado, el Auditor de Conavi reconoció ante los diputados que esta persona se la pasaba entre oficinas y "como era amigo de los guardias" fue imposible controlar su presencia. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esta era la persona que coordinaba la entrega de sobornos a los funcionarios y envío de información privilegiada a las constructoras.

Vargas dijo que entre los múltiples intentos por regular el ingreso de este hombre, incluso se acudió a los directores ejecutivos (sin precisar nombres) para explicarles que no era conveniente que una persona tuviera ingreso directo y que era necesario regularlo, sin embargo, la respuesta de la Administración fue que no tenían la potestad legal para impedirle el ingreso.

"A uno le llama la atención que alguien pase tanto tiempo en la institución", dijo el Auditor al explicar que esta persona se dirigía siempre a realizar trámites al área de conservación vial y departamento financiero.

"La presencia del señor Arce no me parecía correcta y por eso busqué como limitarla, sencillamente no estaba de acuerdo y no encontramos los medios para eso", dijo Vargas.

Arce Alpízar fue uno de los 30 detenidos el pasado 14 de junio, día en el que se realizaron los 57 allanamientos por el caso Cochinilla, actualmente este hombre tiene medidas cautelares, es el único al que le ordenaron portar una tobillera electrónica de rastreo. Además, la Fiscalía insiste en que él (y 12 involucrados más) deberían estar en prisión preventiva.

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Informes

Durante las tres horas de comparecencia del Auditor Interno del Conavi se detallaron los diversos informes que se han realizado sobre diversos casos de supuesta corrupción, pagos irregulares, falta de supervisión de obras, desvío de fondos, mala calidad de los proyectos, entre otras cosas. Sin embargo, el auditor, Reynaldo Vargas, reiteró que su labor se ve limitada una vez que entrega los informes, ya que en la mayoría de los casos no se les da seguimiento por parte de la administración y del ministro del Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, quien tiene la responsabilidad de aplicar sanciones administrativas en dicha entidad.

"Diversos procedimientos se han caído por prescripciones o inacción de las autoridades", reconoció y lamentó Vargas al indicar que se han enviado relaciones de hecho (denuncias) que no se investigan sino hasta más de un año después cuando se les mandan a pedir archivos relacionados: "y yo digo, ¿por qué hasta ahora?", manifestó el funcionario.

El Auditor dijo que muchas veces ellos tratan de consultar qué ocurrió con un informe o si se logró abrir una investigación tras los hallazgos informados, sin embargo "queda a la amabilidad de ellos, si nos quieren indicar cómo va el proceso".

Algunos de los informes, muy pocos, han concluido con una sanción, pero ninguna que conozcan ha desencadenado un despido o suspensión del cargo, pese a la gravedad de la información denunciada.

"Los procesos deben ser más rápidos y más céleres", agregó.

Lo más lamentable es que Vargas reconoció que muchos de los funcionarios investigados y denunciados por ellos desde el 2011 son los mismos que hoy están involucrados en el caso Cochinilla, es decir, que con una posible sanción mayor o incluso despido en el momento de la primera denuncia realizada se hubieran evitado tantos años de más irregularidades y supuesta corrupción.

"La mayoría de personas que dice la prensa ya han estado en los informes por situaciones de contratación, manejo de contrataciones o situaciones administrativas", manifestó el funcionario quien incluso reveló que años atrás, por sus investigaciones, recibió amenazas anónimas y también por parte del exgerente de Contratación, Jhonny Barth.

Por ejemplo, el exgerente financiero del Conavi, Carlos Solís, uno de los más mencionados en el expediente Cochinilla, enfrenta otro proceso judicial por un informe del 2013 donde se reveló que autorizó un pago irregular por ¢1.000 millones, en período de vacaciones, a la empresa H. Solís. El pago no correspondía porque era de un material que aún no se había utilizado y que finalmente, no se utilizó todo.

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El Auditor de Conavi reiteró que pese a las múltiples investigaciones relacionadas por casos de supuesta corrupción no tenía las herramientas para hacer investigaciones de más profundidad, agregó que los informes realizados se dieron a las autoridades y desconoce las acciones que se tomaron tras los hallazgos.

Además, reveló que desde mitad del 2019 se detectó el desvió de recursos de diferentes partidas del Conavi y aseguró que las autoridades y el propio ministro conocían del caso debido a que el tema de presupuesto de dicha entidad se manejada con "una estrecha relación" entre Casa Presidencial, el Ministerio de Hacienda y el MOPT.