24 entidades de los tres Poderes proponen ceder ¢70.000 millones para subsidios por Covid-19

Los 24 títulos presupuestarios que componen los tres Poderes de la República redireccionarán ¢69.213,4 millones para financiar parte de los subsidios que el Gobierno girará a la población afectada por la pandemia del Covid-19.

Así consta en el presupuesto extraordinario enviado este miércoles 8 de abril por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el cual también incluye un aporte ¢15.350,8 millones por parte del Régimen de Pensiones.

Del total, solo ¢2.429,5 millones se utilizarán para financiar otras tareas: "coadyuvar en las necesidades que requiere el país para afrontar la situación de la emergencia" a través del Ministerio de Salud.

El texto ya llegó al Congreso, y será presentado oficialmente por las autoridades de Gobierno a través de sus redes sociales.

Según dijo el Gobierno, el programa de subsidios requerirá una inversión superior a los ¢225.000 millones, y permitiría extender aportes de hasta ¢200.000 a 375.000 familias.

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Además del aporte institucional y de las pensiones, el Gobierno propone utilizar ¢66.060,9 millones del crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF). El crédito total supera los ¢290.000 millones y se había ideado como un mecanismo exclusivo para el pago de deuda pública; sin embargo, las nuevas necesidades obligaron a reorientar más de una quinta parte de los recursos.

Según indicó el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto de ley, el presupuesto "permitirá dotar de recursos al IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) y al Ministerio de Trabajo, con la intención de implementar las medidas de apoyo temporal para las personas que han perdido sus empleos".

Además, indicó que los recursos restantes los buscará a partir de iniciativas de ley que ya se discuten en el Congreso, de manera que sea posible "salvaguardar la estabilidad de las finanzas públicas y atender la emergencia" sin inflar los ya elevados niveles de deuda pública.

"El Poder Ejecutivo ya presentó y presentará conforme sea necesario, iniciativas de ley adicionales para financiar estos gastos, de manera que el impacto en el incremento de la deuda sea lo menor posible. Por ejemplo, el Proyecto de ley que permite al INS trasladar ¢75 000 millones de colones para la atención de la crisis permitiría incorporar esos recursos al programa de subsidios para quienes perdieron sus ingresos. También, un proyecto de ley que permitiría usar el diferencial en el precio de combustibles para financiar la atención de la emergencia en etapas siguientes. De igual forma el proyecto PAGAR y empréstitos internacionales que están en la corriente legislativa", indicaron.

El proyecto de presupuesto además incluye utilizar ¢1.804 millones de oficinas consulares y utiliza el resto del crédito con la CAF y remanentes de un viejo crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para evitar la colocación de ¢281.849,8 millones en títulos valores de largo plazo.

Asimismo, rebaja ¢46.674,6 millones en contenido económico para 4.953 plazas vacantes, los aumentos por costo de vida, las anualidades de 2020 (de todos los trabajadores públicos con excepción de personal de seguridad, fiscal, penitenciario y de salud) y los montos asociados por contribuciones sociales al seguro de salud y pensiones.

Por último, se rebajan más de ¢3.066,8 millones en servicios de gestión, viajes y capacitaciones; así como otros ¢2.057,8 millones en compras de "bienes duraderos".

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Ahora, el proyecto de presupuesto pasará a estudio de la Asamblea Legislativa. Allí, deberá ser revisado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, los diputados podrán presentar enmiendas y luego deberán votarlo. Para su aprobación, el texto requiere el apoyo de al menos 38 congresistas.

Primera etapa de atención

Este martes, el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, informaron a la Asamblea Legislativa la necesidad de levantar la regla fiscal en cuatro instituciones.

Las instituciones mencionadas por el Ejecutivo son el Ministerio de Trabajo y el Imas, que se encargarán de ejecutar el subsidio para las personas afectadas por la pandemia; el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), que necesita invertir en más reactivos y equipo de laboratorio, pues se encarga de analizar cada una de las pruebas de Covid-19.

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Según indicaron, esta es una necesidad porque la primera etapa de atención requerirá invertir ¢227.509 millones (0,6% del PIB); es decir, más del doble de lo que establece la regla fiscal como cláusula de escape en situaciones de emergencia.