Plan para legalizar marihuana recreativa tiene “posible inconstitucionalidad": técnicos del Congreso

El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Rodrigo Chaves para legalizar el cannabis recreativo contiene una "posible inconstitucionalidad" por ser contrario a convenios suscritos por Costa Rica desde hace seis décadas, señaló el departamento de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa.

"El uso del cannabis no médico ni científico es una política que está expresamente prohibida por esos convenios, debidamente ratificados por el Estado costarricense", reza la asesoría técnica, que concluye que "autorizar el uso de cannabis recreativo, su producción, comercialización y consumo, de la forma en que indica el presente proyecto de ley, podría ser contrario a la Carta fundamental".

El informe —con fecha del 20 de diciembre de 2022— hace referencia a tres tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los que el país está adherido: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

La primera Convención, la de 1961, incluye al cannabis y su resina (conocida como hachís) en la lista de drogas prohibidas. Esto no ha cambiado pese a que, por pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 la Comisión de Estupefacientes de la ONU reclasificó el cannabis y sus derivados pero solo para fines medicinales y científicos, dice el informe.

El documento recoge que incluso la ONU tiene cuenta de que se ha generado "una serie de tensiones" en torno a la reclasificación solo para fines medicinales y científicos, y explica también que esta es una situación "aún no resuelta claramente". No obstante, destaca que un informe que distingue cuatro reformas que pueden implementarse a los convenios.

Por una parte, según ese informe que citan los técnicos del Congreso, pueden reformarse los tratados para todos los Estados firmantes, o pueden reformarse de forma que sean aplicables a un grupo de Estados, o bien reformarse para que sean aplicables a Estados individuales. Para esto, los Estados deben comunicar la propuesta de enmienda a la ONU.

"Si Costa Rica pretende la apertura del consumo del cannabis de adultos, debe seguir los procedimientos internacionales respectivos", describió el departamento de informes técnicos, razón por la que se concluyó que el actual proyecto de ley podría tener roces con la Constitución, pues ni siquiera se mencionan las reformas a las Convenciones firmadas.

Los convenios prohiben "todo el uso del cannabis, excepto con fines científicos y fines médicos", lo que a criterio de los técnicos no admite interpretación. "Su inobservancia implica la vulneración del principio pacta cunt servanda, el que reafirma que los tratados internacionales son obligatorios jurídicamente y deben ser cumplidos y observados", dicen.

La Constitución Política establece que los convenios tienen autoridad superior a las leyes, por lo que aprobar una iniciativa que pase por encima de dichos tratados "violentaría el principio de supremacía de las normas y principios constitucionales y de derecho internacional o comunitario vigente", según el departamento de servicios técnicos.

Sin sustento técnico

Además de vulnerar la Constitución al ir en contra de los convenios internacionales suscritos por el país, los objetivos de la iniciativa del Ejecutivo "no tienen sustento técnico que los respalde", siempre según el informe de los técnicos de la Asamblea.

En la exposición de motivos, el Gobierno anuncia que pretende que aumenten los ingresos fiscales y que bajen los delitos por posesión de marihuana, lo que los técnicos creen que es posible, pero también se buscan objetivos no tan claros como beneficios para la seguridad de los consumidores, la desaparición de los mercados ilegales y la caída del crimen.

Citando estudios realizados en el extranjero, los asesores técnicos señalan que "la regulación no disminuye, ni desaparece, los mercados ilegales", mientras que en otros países la legalización ha sido asociada a un mayor consumo de este estupefaciente, por lo que ponen en cuestión esa exposición de motivos del proyecto de ley.

Además, señalan que "se carece de información acerca de la capacidad logística con que cuentan las instituciones del Estado costarricense para afrontar, controlar y dar trazabilidad a este tipo de regulación que se pretende", toda vez que podrían aumentar el consumo y la exposición, así como los problemas asociados con esta droga.