​Pese a sentencia, Colegio de Abogados lleva cuatro años sin crear fondo de pensiones para socios

Pese a que existe una sentencia del 27 de junio de 2013 que ordena al Colegio de Abogados crear un fondo de pensiones y jubilaciones para sus asociados, esta institución lleva cuatro años sin cumplir esa orden judicial. El último plazo se vence el próximo 25 de agosto, fecha en la cual la entidad debe presentar el reglamento y la propuesta para implementar el fondo.

El presidente de la asociación gremial, Froylán Alvarado, aseguró que el reglamento y la propuesta para crear el fondo está actualmente en un 95 por ciento de avance, solo falta firmar un contrato con una Operadora de Pensiones Complementarias (OPC) y aprobar en Junta Directiva el documento en el que se establecen los requisitos que deben cumplir los socios de la institución para recibir el beneficio al jubilarse.

Un grupo de 30 abogados apoyó el caso del jurista León Montoya, quien en el 2012 presentó la denuncia formal contra el Colegio de Abogados para exigir el pago de la pensión, debido a que el artículo 3 de la ley 3245 creó un timbre para destinar recursos con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera y, a la vez, crear un fondo de pensiones y jubilaciones.

El recurrente ganó el caso en junio del 2013. Tras una apelación del Colegio de Abogados, el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolvió el 11 de setiembre del 2014 que el colegio profesional debe crear el régimen para sus socios y pagar la jubilación con los intereses retroactivos que le corresponden al abogado que actualmente tiene 94 años.

Zafarrancho y atrasos

La Junta Directiva del Colegio de Abogados es presidida desde el 2015 por el juez Froylán Alvarado Zelada. Este cuerpo gremial se elige por periodos de dos años.

El Presidente aseguró que cuando llegó al máximo cargo del colegio profesional se encontró con esta sentencia que debía cumplirse para crear el fondo de pensiones y jubilaciones de los asociados. Originalmente el plazo para presentar una solución a ese problema vencía a finales de setiembre del 2016.

En una Asamblea Extraordinaria convocada por el Colegio de Abogados el 18 de agosto del 2016, la Junta Directiva propuso destinar el 12 por ciento de los ingresos del timbre del colegio profesional para un fondo de retiro llamado Plan Vida, que se operaría con el contrato de seguros colectivos de vida que tiene la institución con el Instituto Nacional de Seguros (INS). La iniciativa habría permitido a los agremiados solicitar el dinero del plan al cumplir los 60 años.

El Plan Vida fue ampliamente cuestionado por los asistentes porque consideraron que no se trataba de un fondo de pensiones, sino de un mecanismo de seguros para personas mayores de 60 años.

Esta propuesta presentada en la asamblea de agosto del 2016, enardeció los ánimos de los abogados asistentes, lo que llevó a Alvarado a finalizar la actividad.

Un grupo de juristas tomó la riendas de la sesión y se proclamó como nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados para quitarle la administración a Alvarado y sus compañeros, molestos porque durante 54 años el Colegio nunca creó el fondo de pensiones y jubilaciones tal y como lo establece la ley.

En una sentencia del 23 de setiembre del 2016, la Sala Constitucional ordenó restablecer la Junta Directiva que fue electa en diciembre del 2015 por un periodo de dos años hasta diciembre del 2017. Lo que le permitió a Alvarado y sus compañeros retomar sus funciones.

Este hecho atrasó el trámite para crear el fondo de pensiones del Colegio de Abogados. El 25 de mayo del 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo convocó una audiencia de cumplimiento de sentencia para supervisar el avance de la orden que dio en junio del 2013 y que quedó en firme en casación en setiembre del 2014.

En esa sentencia, la jueza dio un último plazo de tres meses para que la directiva creara el fondo de pensiones para sus afiliados. Esa prórroga vence el próximo 25 de agosto.

Fondo casi listo

A criterio de Alvarado, se trata de un fondo de pensiones inédito en el país porque se nutrirá con recursos provenientes de pago del timbre del Colegio de Abogados, este lo pagan todos los abogados cuando realizan diferentes trámites legales y su precio varía dependiendo de proceso legal.

El jerarca de la asociación profesional no reveló la OPC con la que valoran suscribir el contrato, ni tampoco dio detalles sobre los requisitos y condiciones que tendrán que cumplir los abogados socios para poder reclamar la pensión.

Según Alvarado, la edad para pedir la pensión al fondo será de 65 años o más, tal y como está contemplado en diferentes modelos de fondos de pensiones actualmente.

El Colegio de Abogados tiene 27.450 asociados de los cuales el 10 por ciento se ubica entre 65 años o más.

El Presidente también explicó que durante estos años se hicieron acercamientos con las diferentes operadoras de pensiones complementarias para buscar asesoría, evaluar ofertas y definir cuál es la mejor opción para ejecutar el fondo.

"Nos dieron asesoría el Banco Nacional, el Banco Popular y todos los que manejan pensiones, acuérdese que este es un régimen que viene del timbre entonces es un régimen bastante atípico, porque ni siquiera podríamos saber cuánto ha cotizado cada quien, entonces por ahí es donde se ha generado un poquito la dificultad, pero la idea es ya cumplir con esa solicitud y evidentemente tener listo el programa a tiempo", apuntó Alvarado.

El Colegio de Abogados ha destinado cerca de ¢100 millones anuales desde el 2014 para crear una provisión que se pueda utilizar como base para crear el régimen, según el Presidente de la institución.

Este fondo será manejado por una Junta Administradora conformada por representantes del Colegio de Abogados y de la operadora de pensiones complementaria con la que se suscriba el contrato.

Cuestionamientos

En un comunicado publicado en la página web del Colegio de Abogados se informa a los socios que en la audiencia de cumplimiento de sentencia convocada por el Tribunal Contencioso Administrativo el 25 de mayo anterior que "el representante del Colegio informó a los jueces que la solución depende de la Superintendencia de Pensiones, ante consulta realizada por las operadoras de pensiones autorizadas que están interesadas en administrar el fondo de pensiones de las y los abogados".

En el comunicado se explica que es necesario el criterio de la SUPEN sobre la edad de retiro, la confiabilidad y subsistencia del régimen. Además, conocer si los parámetros de retiro que se aplicarán serán los correctos.

El Superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, respondió una solicitud presentada por el abogado Didier Carranza, quien le consultó si existe algún proceso o consulta del Colegio de Abogados relacionado con la creación de un fondo de pensiones.

"Al respecto me permito informar que la Superintendencia de Pensiones no tiene pendiente de atender ninguna consulta planteada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que se relacione con la implementación de un fondo de pensiones y jubilaciones para sus agremiados", señaló el Ramos.

Sobre este punto, el Presidente del Colegio de Abogados aclaró que las gestiones ante la SUPEN las está realizando la OPC con la que van a suscribir el contrato para crear el fondo de pensiones y por eso no existe registro de consultas hechas a nombre del Colegio.

Para el abogado Carranza, quien acompañó a León Montoya en la lucha por su pensión, existe un claro desinterés del por crear el fondo de pensiones y resolver de forma rápida esta situación que además es una orden judicial emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo.

"Hay un sentimiento no solo mío, sino de los colegas abogados, de que el Colegio ha sido totalmente reacio, inclusive han dicho que don León Montoya no tiene derecho a la pensión, en contra de lo que ya dijo un juez en firme. El Colegio ha considerado que prácticamente no existe razón", señaló.

Carranza relató que un abogado actuario elaboró un informe donde estimó que el fondo de pensiones del Colegio de Abogados debería tener unos ¢30.000 millones si se cuentan todos los recursos que ingresaron a las arcas de la institución por concepto de timbres desde 1953.

El jurista agregó que datos brindados por la propia asociación gremial en un periodo comprendido entre 1994 y el 2015 demostraron que el fondo debería tener a la fecha ¢1.800 millones.

De acuerdo con el abogado es "increíble" que el Colegio no tenga datos certeros sobre el monto que debería tener.

Un grupo de 30 abogados, de cual forma parte Carranza, sostiene que al menos unos 50 juristas más ya solicitaron sus pensiones a la entidad, sin recibir una respuesta positiva.

Por este caso existe una denuncia presentada ante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) por explotación contra el adulto mayor por el no pago de la pensión a León Montoya.

Fotografía con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.