Pese a que tienen más de ¢67.000 millones sin ejecutar, oposición duda de recorte a municipalidades

Los principales partidos de oposición se oponen al recorte de ¢34.400 millones a transferencias municipales propuesto por el Gobierno. Las agrupaciones rechazan el ajuste impulsado para paliar las difícil situación financiera del país, agravada por la emergencia del Covid-19, pese a que los gobiernos locales acumulan ¢67.529,9 millones sin ejecutar en la caja única del Estado.

Del recorte propuesto por el Ministerio de Hacienda, ¢22.105,9 millones corresponden a una rebaja por la caída en el Impuesto a los Combustibles. Este importe destina anualmente un 22,25% de su recaudación a la atención de vías cantonales y sufrirá una caída de ¢130.000 millones este 2020 por la pandemia, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República (CGR).

Además de ese recorte, el Gobierno también planteó reducir ¢7.500 millones en aportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), también para mejoras en carreteras; así como ¢1.871,6 millones provenientes del Ministerio de Gobernación; ¢264,7 millones de impuestos relacionados con el turismo; y ¢319,9 millones proveídos por el Ministerio de Salud.

También se rebajó una transferencia que anualmente hace el Ministerio de Vivienda en ¢2.000 millones: ¢800 millones para la Municipalidad de San José y ¢1.200 millones para la Municipalidad de Alajuela.

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Los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) se manifestaron en contra de estos aumentos, desde sus propias dirigencias. También criticaron los recortes la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN) y el bloque independiente Nueva República.

La crítica la han hecho incluso a pesar de que, solo por concepto del impuesto a los combustibles, las municipalidades mantienen en caja única del Estado cerca de ¢46.700 millones, los cuales no han ejecutado efectivamente, pero siguen a su disposición.

Uno de los principales opositores del impuesto es el PLN. La agrupación dirige 42 alcaldías a nivel nacional y calificó de "desproporcionado" el recorte, a través de un pronunciamiento oficial de su Comité Ejecutivo Superior.

Mencionaron que disminuir las transferencias a gobiernos locales para la atención en carreteras en más de ¢29.600 millones (la suma de los recursos del impuesto a los combustibles y del MOPT) es abusivo, a pesar de que, si se toma como referencia la proporción esperada de la caída en la recaudación del impuesto a los combustibles, el monto que debería rebajarse es precisamente de ¢27.000 millones.

Además del PLN, el comité ejecutivo del PUSC, partido que dirige 16 alcaldías, argumentó que el recorte “impediría la reactivación económica” el país y que además violaría la Constitución Política, pues impediría a los municipios atender su obligación constitucional de atender la red vial de cada cantón.

También se manifestaron en contra la bancada del PRN, en lo concerniente a los ¢7.500 millones provenientes del MOPT; así como el bloque independiente Nueva República, que alegó problemas viales y económicos derivados. Ambas agrupaciones realizaron los argumentos a pesar de que que no tienen ningún municipio a su cargo.

Recursos guardados

Los recursos que mantienen las municipalidades en caja única del Estado son cuentas por cobrar que quedan en manos de la Tesorería Nacional y a los que las municipalidades, o cualquier otra institución, pueden acceder en cualquier momento. Así lo explicó a AmeliaRueda.com el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo.

Arroyo señaló que, si bien utilizar recursos de caja única o de transferencias actuales no cambia las necesidades de liquidez de Hacienda, mantener montos sin utilizar en caja única sí representa menores niveles de ejecución y una mayor cantidad de posibles erogaciones por parte de las instituciones.

"Esa plata pertenece a cada una de las municipalidades. Hubo una ley que se aprobó para que las instituciones gastaran su plata en dos años, pero no cubría a los destinos específicos (como los dirigidos a los ayuntamientos), por eso pueden seguir teniendo los recursos muchos años (...) las municipalidades generalmente lo que más tienen son recursos de la Ley 8.114 (combustibles), pero también tienen otros recursos de otras leyes", afirmó Arroyo.

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Para el subtesorero, los niveles de subejecución no tienen un mayor impacto sobre los niveles de liquidez del Gobierno; sin embargo, sí afectan a la población, a la percepción de los inversionistas sobre el país y a las cifras fiscales del Estado en términos generales.

"Las municipalidades tienen serios problemas de ejecución de recursos y lo que más preocupa es que sobre todo ocurre con las de zonas más rurales,que acumulan recursos de muchos años anteriores, uno ve que algunas municipalidades tienen menor saldo, pero otras tienen hasta dos o tres períodos completos, por ejemplo, aunque son transferencias que el Gobierno les ha dado".

"Nosotros le decimos a las calificadoras de riesgo que al final esto es una mala foto, porque se refleja como un déficit y la gente se pregunta por qué esos resultados y no ve caminos arreglados, pero tienen razón, porque los recursos están ahí en caja única", concluyó el funcionario.

Arroyo comentó que incluso los recursos sin ejecutar podrían ser mayor porque algunas instituciones sacan los recursos de caja única y los invierten con rendimientos en bancos, a pesar de que la práctica está prohibida, aunque afirmó que espera que sea un porcentaje mínimo.

La situación varía entre municipios. Por ejemplo, el recorte propuesto para la Municipalidad de San José es de ¢227,5 millones y acumula apenas ¢42,1 millones en caja única; sin embargo, la Municipalidad de Alajuela acumula ¢3.093,2 millones en caja única cuando su recorte sería de ¢244,6 millones.

Los montos no ejecutados por municipalidad en caja única del Estado pueden consultarse en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

Gobiernos Locales: Sí invertimos

La directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, comentó a AmeliaRueda.com que la entidad entiende que habrá un rebajo presupuestario de cualquier manera; sin embargo, subrayan que no debería ser superior a la disminución en el consumo de los combustibles. "Lo que hemos dicho al Ejecutivo y lo que le decimos ahora a los diputados es que rebajar más allá de esa reducción sería violentar la ley y la transferencia", comentó.

Sobre los recursos no ejecutados, guardados en caja única del Estado, la jerarca de Gobiernos Locales dijo que no tenía los datos a mano, pero que un porcentaje de los recursos corresponde a dineros comprometidos.

"Hay recursos del proyecto BID-MOPT, que son recursos de las municipalidades que se guardan como contrapartida; y también las municipalidades pueden comprometer sus recursos del año anterior los primeros seis meses del siguiente año, lo que quiere decir que este primer semestre las municipalidades podían ejecutar recursos del año anterior, especialmente los del último mes", afirmó.

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Asimismo, indicó que no manejaba los datos referentes a la efectividad real en la ejecución de los recursos del impuesto a los combustibles por municipalidad, pero que las consultas sobre el tema podían realizarse por escrito a su despacho. En esa línea, dijo que casos como los de Alejuela, Cartago o Heredia, que mantienen una mayor cantidad de recursos sin ejecutar que los que les serían recortados en materia de impuesto a los combustibles, deberían al respectivo ayuntamiento.