Hogar Carlos María Ulloa vacunó contra Covid a 17 personas no reportadas como trabajadores de centro

El hogar de larga estancia Carlos María Ulloa incluyó a 17 personas que no reporta como trabajadores suyos en el listado a vacunar contra el nuevo coronavirus, lo que contraviene el orden de priorización establecido en el país, que coloca en primer lugar a los funcionarios de primera respuesta a la pandemia, así como a los residentes de centros para la atención de adultos mayores y quienes laboran en estos.

A esa conclusión llegó la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un informe emitido la tarde de este 10 de febrero, en el que da cuentas de "inconsistencias" en el listado de quienes fueron inmunizados en el hogar de larga estancia.

Mediante un comunicado, la institución administradora de los hospitales públicos del país reveló que el Carlos María Ulloa informó el 29 de diciembre que contaba con 171 servidores, pero un día más tarde, registró a 188.

En la lista proporcionada se observaron nombres de personas que no están registrados en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) como trabajadores de la asociación.

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Además, con los datos extraídos del Sistema Integrado de Información en Vacunas (SIVA), correspondientes al Área de Salud de Goicoechea 2, al 29 de enero de 2021 se identificó la existencia de 17 personas incluidas en la lista de funcionarios, que no se encontraban reportados como trabajadores del centro de larga estancia.

La Auditoría Interna también observó en este grupo profesionales que no reportan cotizaciones como funcionarios asalariados del Carlos María Ulloa incluso figuran en la lista trabajadores de otras organizaciones, cuyo trabajo sí está dedicado a la mejora en la calidad de vida e inclusión de grupos poblacionales específicos, pero no forman parte de la planilla del hogar.

Por lo tanto, no existe claridad de la razón por la cual fueron incluidos como miembros del grupo uno de priorización para recibir la vacuna y más aún, como trabajadores del centro.

Debido a esto el informe reporta al Ministerio de Salud que los hallazgos incumplen con lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Ejecución de Vacunación contra Covid-19 en los Establecimientos de Salud de la Caja de Seguro Social, con el que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) definió los grupos de riesgo y su priorización.

Este es el segundo informe emitido hasta la fecha por la Auditoría Interna. El primero dio cuentas de alteraciones en el orden de inmunización 16 trabajadores del Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, quienes a pesar de no estar en la atención directa de pacientes del SARS-CoV-2, recibieron una inyección antes que 78 servidores que se desempeñan en el servicio de emergencias o en la unidad que atiende a portadores de la enfermedad respiratoria.

Asimismo, en ese centro médico se conoció de dos trabajadores que mintieron sobre el servicio en el que trabajaban con el fin de conseguir antes de lo previsto una dosis del medicamento, no obstante, en esas oportunidades no se les vacunó en el tanto que no figuraban en las listas del día, instaladas como filtro para la inmunización de servidores públicos.

Una situación similar ocurrió en el Hospital Nacional de Niños, en San José, donde al menos tres exfuncionarios intentaron inyectarse, según lo dio a conocer AmeliaRueda.com el 12 de enero anterior.

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Asimismo, este medio reveló el 5 de enero que 13 trabajadores del Centro de Reciclaje de la Municipalidad de San José recibieron la inmunización, a pesar de que no figuran en el primer grupo prioritario de vacunación.

Más recientemente AmeliaRueda.com dio a conocer que la Dirección General del Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, en Cartago, abrió un procedimiento administrativo por una denuncia ciudadana contra el jefe de Enfermería del establecimiento, quien en apariencia medió para que su hijo -quien no labora en el centro médico- fuera inyectado.

Por este último incidente la Auditoría Interna también tiene abierta una investigación.

Desde el 4 de enero anterior, el ente fiscalizador realiza -como parte de su programación anula así como por solicitud de la Presidencia Ejecutiva- visitas presenciales en establecimientos de salud como parte de una vigilancia general del programa de inmunización.