Periodista guatemalteco José Rubén Zamora enfrenta polémico juicio por lavado de dinero

Un tribunal de Guatemala iniciará este martes un polémico juicio por lavado de dinero contra el dueño de un diario crítico del gobierno, cuyo encarcelamiento ha provocado denuncias de ataques a la libertad de expresión.

José Rubén Zamora, dueño de El Periódico y en prisión desde julio pasado, está acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y chantaje, cargos que él afirma que son una represalia por decenas de publicaciones sobre corrupción en el gobierno guatemalteco.

Según la acusación, el comunicador de 66 años está involucrado en una supuesta trama para blanquear 37.500 dólares que provendrían de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra.

Pero gremios de la prensa y ONG internacionales exigen que se levanten los cargos contra Zamora, mientras Estados Unidos expresó su preocupación por los intentos de "criminalizar" la labor de los periodistas en Guatemala.

"Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan", declaró hace unos días la presidenta de la ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, al cierre de una visita a Guatemala.

Cruzada contra fiscales

Zamora sostiene que él es un "perseguido político" y que el caso en su contra fue fabricado por el presidente Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, afirmaciones que niegan el gobierno y la Fiscalía.

El Periódico ha recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.

Zamora fue arrestado en medio de una ola de detenciones de exfiscales anticorrupción por orden de la Fiscalía guatemalteca, cuya titular está incluida por Washington desde 2021 en una lista de personas implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia en Centroamérica.

La Fiscalía dice que tiene como pruebas escuchas telefónicas y el dinero en efectivo que Zamora habría entregado a un banquero, quien está procesado en otro caso y luego se convirtió en testigo contra el dueño del diario.

Hace dos semanas fueron detenidos dos abogados que defendieron al dueño de El Periódico en la fase previa al juicio, acusados por la Fiscalía de presentar una prueba falsa, y el jueves fue capturado por el mismo caso el periodista y empresario Juan Carlos Marroquín, primo de Zamora.

"Intento de intimidar"

El 28 de febrero, un juez ordenó abrir un segundo proceso contra Zamora, por intentar frenar una investigación por presunto lavado de dinero en 2021. Además, el magistrado avaló la posibilidad de investigar penalmente a periodistas y columnistas del rotativo por supuesta obstrucción de la justicia.

El anuncio de este nuevo proceso llevó a Estados Unidos a expresar su "preocupación" por el caso de Zamora.

"Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

Es "un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción", señaló por su parte en Nueva York el director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Martínez de la Serna.

La mayoría de los casos contra exfiscales son por presunto abuso de autoridad en las investigaciones anticorrupción emprendidas junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), que operó en el país entre 2007 y 2019.

La CICIG era un ente adscrito a la ONU que indagó casos de corrupción y operaba como una suerte de fiscalía paralela debido a la existencia de mafias enquistadas en las esferas del Estado.

El pasado 16 de diciembre la exfiscal Virginia Laparra se convirtió en la primera condenada de la ola de arrestos. Fue sentenciada a cuatro años de prisión, luego de que un tribunal la declaró culpable de denunciar a un juez sin tener atribuciones para ello.