Más de 109 mil desempleados dejan cierres de restaurantes, sodas y bares por crisis del COVID-19

Uno de los sectores más golpeados tras el anuncio de declaratoria de emergencia, provocada por el aumento de casos de COVID-19, es el de sodas, restaurantes y bares, gremio que registra 7.980 cierre de negocios y más de 109.000 desempleados.

Así lo indica una encuesta dada a conocer este jueves por la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore).

Como consecuencia de la caída en los ingresos tras las incertidumbre económica que actualmente vive el país, un 42% de los restaurantes agremiados a la institución han cerrado sus puertas.

Según datos de una encuesta realizada por Cacore, esta cifra equivale al cierre de 7.980 negocios entre sodas, restaurantes y bares, según Clemencia Palomo Leitón, directora de la cámara.

“A través de un sondeo realizado a todos nuestros agremiados logramos contabilizar que casi 8 mil negocios del sector han tenido que cerrar producto de las medidas restrictivas aplicadas para mitigar los efectos del COVID-19”, aseguró.

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Asimismo, la representante de Cacore agregó que el estudio también arrojó que hasta hoy jueves, se contabilizan 109.440 personas desempleadas producto de estos cierres.

“Según el informe que preparamos, son en total 7980 restaurantes que han cerrado lo que implica que hasta el día de hoy estamos sumando en el gremio a más de 10 mil personas que se quedan sin empleo, es una situación muy crítica”, informó.

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Sobre los negocios que se mantienen laborando, la cámara informó que 72.322 de estas empresas están aplicando las medidas de suspensión laboral o el rebajo de jornadas reducidas y solo 46 mil se mantienen con su estatus regular.

Durante la conferencia de prensa, los representantes de Cacore fueron enfáticos en la necesidad de tomar medidas económicas para paliar la situación económica que está afectando exponencialmente al gremio de restaurantes.

Entre las soluciones planteadas por la cámara están: la moratoria en el cobro de patentes comerciales, condonación en los servicios de agua, luz y teléfono de los negocios afectados así como la aplicación de una tasa de salvamento para cumplir con el pago de planilla.