Penas de hasta 10 años de cárcel por robo de cables rige a partir de este viernes
Ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta
14/04/23 | 09:26am
La ley que pena hasta con 10 años de cárcel por robo de cables comenzó a regir a partir de este viernes 14 de abril.
La legislación fue publicada en el Alcance 61 del Diario Oficial La Gaceta, la cual hace una serie de reformas al Código Penal para incluir esta actividad ilícita, así como también el endurecimiento de las penas.
El marco normativo establece una reforma al artículo 209 del Código Penal para aplicar penas de prisión de “uno a tres años”, si el valor de lo sustraído “no excede de cinco veces el salario base”, es decir, una cifra menor a los ¢2,3 millones.
La pena llegará a los 10 años “si fuera de cosas vinculadas a la prestación de un servicio público, de valor científico, artístico, cultural, de seguridad o religioso, cuando por el lugar en que se encuentren estén destinados al servicio” de la ciudadanía.
La legislación establece en el caso de la pena por receptación modificaciones a los artículos 330 y 331 del Código Penal para establecer que la pena por receptación de cables, dispositivos de acuerdos o líneas de ferrocarril ronda entre los tres y los cinco años de prisión.
En tanto que la recepción por “cosas de procedencia claramente sospechosa” la pena ronda entre los cuatro y hasta los seis años”.
El planteamiento fue presentado por la exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, el cual se estudió bajo el expediente 22.816.
La iniciativa con las reformas al Código Penal tuvo su segundo debate en la Asamblea Legislativa el pasado 13 de diciembre de 2022.
El presidente Rodrigo Chaves firmó la Ley 10.336 el 3 de marzo anterior, periodo en que coincidió la sesión del Consejo de Gobierno.
De acuerdo con las autoridades judiciales, entre el 2020 y marzo de 2021 se registraron 928 robos de cableados, los cuales afectaron a 17.000 personas en comunidades de 46 cantones, en tanto que las pérdidas económicas por estas acciones superan los ¢4.000 millones en los últimos dos años.
En tanto, que datos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) hizo hincapié a afectaciones cercanas a los ¢8 millones.