Cúpula verdiblanca le pide al mandatario "hoja de ruta clara" en siete temas, incluido el plan de reapertura comercial
18/07/20 | 17:48pm
El Partido, la Secretaría General y la Jefatura de Fracción de Liberación Nacional emplazaron este sábado al presidente de la República, Carlos Alvarado, por el manejo económico y social que ha tenido durante el estado de emergencia del nuevo coronavirus.
Mediante una nota dirigida al gobernante, a la que se le asignó el número PPLN-6, la agrupación de oposición le reclamó "la notable ausencia de una hoja de ruta clara por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a la atención de los problemas económicos, sociales y productivos que enfrenta el país".
Esta situación -aseguran- "trunca" el ánimo de cooperación del partido, que tiene la bancada más grande de la Asamblea Legislativa (17 diputados).
Por eso, el documento le solicita a Alvarado compartir la línea que seguirá su Gobierno ante los siguientes temas:
"Como nunca, el país requiere un plan de recuperación con visión integral, se necesita que el Ejecutivo asuma la responsabilidad conferida por la ciudadanía, se requiere dejar cálculos y contradicciones entre jerarcas, para generar confianza entre los sectores, la población y las agrupaciones políticas de cara a un diálogo nacional", puntualiza el documento.
La carta la firman la presidenta del Comité Ejecutivo liberacionista, Kattia Rivera, el secretario general, Gustavo Viales, el jefe de fracción, Luis Fernando Chacón, y la subjefa, Karine Niño.
El oficio fue remitido menos de una semana después de que el mandatario anunciara en cadena nacional el camino que seguirá su administración en materia económica. En esa oportunidad anunció un recorte de ¢328.000 millones en el gasto público, neto de ¢195.000 millones pues plantea destino de ¢132.000 millones para el financiamiento del bono Proteger y de la Caja de Seguro Social.
Asimismo, el lunes pasado, su ministra de Planificación Nacional, Pilar Garrido, presentó al Congreso una iniciativa para recortar el 15% de la jornada laboral de 35.000 funcionarios públicos que ganan más de ¢1,5 millones. El proyecto, sin embargo, ya afronta una mayoritaria oposición de los legisladores, en el tanto que -aseguran- es desigual e inconstitucional.
Este medio solicitó una reacción a la Casa Presidencial, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
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