PANI asignó recursos a 160 ONG sin considerar que otras 5 instituciones les otorgaron subsidios

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asignó recursos a 160 organizaciones no gubernamentales (ONG) sin considerar los subsidios que estas ya recibían de otras cinco instituciones del sector social.

Así se extrae un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre los mecanismos de control vinculados con las transferencias realizadas a sujetos privados por la entidad encargada de la protección de menores de edad.

La asignación de recursos del Patronato a estas organizaciones representa su principal egreso. La institución repartió en promedio ¢31.283 millones anuales por este concepto entre 2015 y 2020, según el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.

A partir de información extraída del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el ente fiscalizador determinó que el Patronato entregó fondos públicos a 366 sujetos privados en 2019 y 2020. Sin embargo, de estos, 160 ya recibían ya recibían fondos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (Iafa) o el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Este medio procuró contar con ejemplos de esas entidades que recibieron una doble, triple o hasta cuádruple ayuda estatal, por la oficina de prensa de la Contraloría que este "no es un estudio con muestra sino una auditoría del proceso, por lo que los hallazgos son generales y no específicos".

"Se encontró que el Patronato Nacional de la Infancia, dentro de los criterios para la asignación de recursos a las distintas organizaciones no gubernamentales, no considera los subsidios que otras instituciones públicas del sector social transfieren a dichas organizaciones, situación que potencia el riesgo de que una misma organización privada reciba recursos de diversas entidades públicas para un mismo proyecto, lo cual podría limitar la distribución de recursos entre las distintas necesidades que atiende la institución", indica el documento.

La institución le indicó al ente contralor que los criterios que utiliza para la asignación de los fondos son:

1. El modelo de costos vigente, aprobado en el 2013.
2. La modalidad de programa (Residencial, No Residencial y Acogimiento Familiar).
3. Especialización del Programa, según las necesidades particulares de la población.
4. Capacidad instalada.
5. Disponibilidad presupuestaria de la institución.

Esos parámetros, a criterio de la Contraloría, implican que el Patronato "carece de mecanismos de control efectivos, con el fin de maximizar la distribución de los recursos hacia las distintas organizaciones no gubernamentales que atienden a la población en etapa de niñez y adolescencia".

Sin embargo la institución defendió que de conformidad con la autonomía administrativa con la que goza, derivada del artículo 55 de la Constitución Política y el 38 de su Ley Orgánica, se encuentra autorizado para realizar transferencias con cargo a su presupuesto a organizaciones públicas, privadas o personas físicas con ánimos de beneficiar a la niñez y la adolescencia sin depender de la coordinación con otras entidades para definir lo que se encuentre en capacidad de subsidiar.

"Lo anterior, podría generar una asignación de recursos contenidos en el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia, para la ejecución de proyectos o para la operación de organizaciones privadas que atienden a la población menor de edad, las cuales reciben fondos de otras instituciones públicas, para los mismos fines, con lo cual no se logra una óptima distribución de los recursos públicos disponibles, y por ende, no se potencia una mayor contribución pública, en pro de la equidad y el cumplimiento de los fines públicos establecidos en su Ley Orgánica, a fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes, en situación de riesgo", subraya el informe.

"Finalmente, en este contexto, algunas organizaciones no gubernamentales, pueden recibir recursos de varias instituciones del sector social, lo que podría originar que algunas organizaciones privadas perciban recursos superiores al costo de atención, en detrimento de otras organizaciones que no disponen de los recursos mínimos para el cuidado de personas menores de edad, que atiende el Patronato Nacional de la Infancia", agrega.

Otros señalamientos que hizo el ente fiscalizador tienen que ver con la supervisión que ejerce la institución a los sujetos privados a los que otorga recursos. En ese sentido, se cuestionó la falta de uniformidad en las regulaciones y procesos que llevan adelante el Departamentos Financiero Contable y el Departamento de Protección. También se enumeran debilidades en los controles por la ausencia de manuales de valoración de riesgos en las organizaciones no gubernamentales o planes anuales de supervisión.

Precisamente, la Contraloría le ordenó al gerente administrativa del Patronato, Guiselle Zúñiga Coto, y al gerente técnico, Eduardo Montero González, elaborar y divulgar estos dos últimos protocolos a más tardar el 31 de marzo de 2022.

A la presidenta ejecutiva Gladys Jiménez Arias, en cambio, se le dispuso crear e implementar un mecanismo de control que incorpore la coordinación con otras entidades públicas para la asignación de recursos, el cual debe ponerse en funcionamiento a más tardar el 14 de enero de 2022