País podría caer en lista gris por incumplir medidas contra el lavado de dinero, advierte el ICD

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Román Chavarría Campos, explicó a los diputados de la comisión especial que analiza la penetración del narcotráfico en los partidos políticos que el país podría caer en una lista gris por no cumplir a cabalidad las regulaciones establecidas para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico.

El funcionario explicó que Costa Rica está sujeto a las regulaciones que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano que establece reglas mundiales para el control de actividades que puedan financiar el terrorismo y el lavado de capitales.

Agregó que en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico es imposible para el Estado hacerlo solo y que hay actores privados que no están cumpliendo su tarea en este esfuerzo.

Según el último informe país del GAFI, existen categorías de actores privados no financieros como comerciantes de metales y piedras preciosas, casinos, abogados, prestamistas, notarios, contadores, agentes de bienes raíces y otros, que son sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero, pero que según Chavarría “el nivel de registro y cumplimiento de estas categorías no se cumple o se cumple en los niveles más bajos”.

Dijo que ya en el 2015 Costa Rica estuvo a punto de caer en esa lista gris, donde hoy están, por ejemplo, países como Nicaragua y Panamá sufriendo sanciones de los Estados Unidos.

El funcionario agregó que en el 2023 el país tendrá una nueva evaluación sobre lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, donde se necesita un alto de nivel de compromiso para no caer en alertas.

Transacciones sospechosas

Otro aspecto que Chavarría resaltó es que cada año aumentan los reportes de “operaciones sospechosas” en los bancos públicos y privados.

“Cada año se reciben más reportes de operaciones sospechadas que desde el 2018 a la fecha aumentan. En este año llevamos 310 reportes de los bancos que son dineros que entran al sistema cuando una persona no tiene ni trayectoria empresarial ni justificación de origen de fondos y que representan 147 millones de dólares”, apuntó.

En el 2020 se recibieron 550 reportes de operaciones bancarias sospechosas por 347 millones de dólares.

Es decir, que entre el 2020 y lo que llevamos del 2021 han ingresado 494 millones de dólares de transacciones dudosas o donde no hay una fuente clara de los recursos. Esos reportes se envían a la Fiscalía donde es el Ministerio Público que determinará con el banco si esa operación sospechosa es ilegal, o bien, que falta información por algún motivo y en algunos casos se actúa contra un posible delito.

Financiamiento a partidos

Tanto Chavarría como el exdirector del ICD, Guillermo Araya, reconocieron debilidades para que el flagelo del dinero del narcotráfico llegue a los partidos políticos.

“El dinero ilícito que llega a los partidos políticos es una realidad que se ve a nivel regional y es uno de los principales objetivos del crimen organizado, tener aliados, abrir puertas, entorpecer proyectos, regulaciones y generar influencia e interferencia”, comentó Chavarría.

Araya, dijo que sería relevante que sea prohibido que los partidos políticos reciban donaciones en efectivo y aumentar un control del incremento patrimonial de las personas que integran los partidos políticos que terminan prestando sumas millonarias a estas agrupaciones sin mayor respaldo para acreditar esos créditos o donaciones.

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