Pago de salarios a suspendidos por caso Cochinilla genera molestia pero debe hacerse, dice Alvarado

El pago de los salarios a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) involucrados con el caso Cochinilla genera "incomodidad y molestia", pero debe hacerse.

Así lo manifestó este martes el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al responder a las consultas de la prensa realizada durante una visita al centro de vacunación de Hatillo ubicado en la iglesia Ciudad de Dios.

De acuerdo con los datos del MOPT-Conavi, se pagarán cerca de ¢20 millones por mes en los sueldos de los 13 funcionarios separados de su cargo. La resolución de la jueza Carolina Lizano indicaba que la Administración debía decidir si la suspensión se hacía con o sin goce de salario; sin embargo, las entidades indicaron que tras analizar el tema determinaron que hay suficiente jurisprudencia que indica que la suspensión en procedimientos judiciales debe realizarse manteniendo el pago del salario.

"Sobre los salarios, es la jurisprudencia que hay, yo sé que eso genera, y a mí también, incomodidad y molestia, pero es lo que es nuestra jurisprudencia.

"Más bien, de no hacerlo (el pago de salarios) también puede hacer incurrir en costos superiores al propio Estado cuando se levante un posible reclamo", dijo Alvarado.

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De los 13 funcionarios involucrados, nueve están en la planilla del Conavi y de acuerdo con esa entidad “la Administración aún no ha definido una medida administrativa complementaria a la interpuesta por la autoridad judicial”.

Las nueve personas representan un pago mensual en salarios de más de ¢14 millones.

Las restantes cuatro personas (suspendidas con goce de salario) se encuentran en la planilla del MOPT aunque sus funciones han tenido y tienen relación directa con el trabajo que se desarrolla en el Conavi. Ellos suman en salarios más de ¢5 millones al mes.

Además de los 13 detenidos que aún son parte del MOPT-Conavi se tiene el caso de otros exfuncionarios, detenidos y puestos en libertad con medidas cautelares, ellos son Eliecer Rivera Campos del departamento de ejecución presupuestaria, quien tenía un salario de ¢1.712.954, además del exgerente de Contratación de Vías y Puentes, Jhonny Barth y el exgerente de Finanzas, Carlos Solís, ambos se encuentran jubilados y reciben una pensión promedio de ¢2.5 millones.

Ellos fueron parte de los 30 detenidos el pasado 14 de junio durante los 57 allanamientos realizados por el expediente 19-000025-1218-PE, donde se investiga la creación de una supuesta red criminal conformada por dueños y trabajadores de grandes empresas constructoras y funcionarios públicos.

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