PAC pide a Sala III anular sentencia que ordena pagar ¢516 millones por estafa al Estado
Procuraduría, en cambio, pidió declarar sin lugar el recurso plantado por la agrupación oficialista
14/05/19 | 16:27pm
El Partido Acción Ciudadana (PAC) alegó este martes ante la Sala de Casación Penal que el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José le violentó derechos del debido proceso en la sentencia en la que subió a ¢516 millones la condena contra la agrupación por estafar al Estado.
Por lo anterior, el representante legal de la agrupación política, Érick Gatgens Gómez, solicitó a los magistrados en una audiencia que se anule dicha resolución y se devuelva el caso a segunda instancia, lo que bajaría el monto de la indemnización a ¢353 millones por la simulación de contratos por servicios profesionales durante la campaña de 2010.
"Al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, el tribunal de juicio impuso una condena por daño material en relación con 179 contratos y resulta ser que el tribunal de apelación de sentencia, acogiendo un recurso por la forma de la Procuraduría General de la República (PGR), aumentó el cuanto del daño material e incluyó 84 contratos adicionales que estaba reclamando mi contraparte en el recurso de apelación que había presentado.
"En criterio de esta representación, el haber tomado esta decisión de realizar una condena en la parte civil en instancia de apelación representa una vulneración de garantías fundamentales en primera instancia para el Partido Acción Ciudadana", expuso el abogado.
El abogado Érick Gatgens Gómez tras la audiencia de este martes en la Corte Suprema de Justicia
Gatgens puntualizó que derechos violentados son los de defensa, de audiencia, de contradictorio y de apelación.
"Esto por cuanto que lo que hace el tribunal de apelación de la sentencia es otorgar una condena e instancia sin la posibilidad de poder argumentar, de poder defenderse, de poder contradecir los argumentos que se hayan discutido", prosiguió el jurista.
La explicación fue respaldada por José Rafael Cabrera Badilla, defensor del extesorero de la agrupación oficialista, Mynor Sterling Araya, condenado a seis años de cárcel como uno de los responsables de la estafa.
El procurador del Área Penal, Randall Aguirre Mena, sostuvo que en primera instancia se excluyeron 84 contratos a pesar de que se tenía por demostrado que estos eran similares o iguales a los que sí fueron utilizados en un esquema delictivo que pretendía cobrarle ¢516 millones de deuda pública al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a pesar de que correspondían a servicios ad honorem.
El procurador Randall Aguirre Mena conversa con su contraparte Érick Gatgens Gómez.
"¿Bajo que argumento el tribunal penal excluye esos 84 contratos? Bueno, bajo el argumento de que había que llevar a los 84 suscriptores de los contratos a declarar. Eran personas que, en muchos casos, habían fallecido; personas que no quisieron declarar, a pesar de que habíamos hecho el esfuerzo; y también de personas que debían declarar y que no fueron habidas en las direcciones que nos habían dado.
"Sin embargo, el tribunal de apelación considera que bajo los mismos argumentos que fueron planteados por el tribunal de juicio, no era posible excluir esos 84 contratos porque hay una violación del principio de libertad probatoria del tribunal de juicio y esto lo llevó a considerar una prueba tasada, en el momento en que dice que era necesario, sin valorar la identidad de los contratos, que era necesario traer a cada una de las personas, a pesar de que, como dice el tribunal, hay una identidad pasmosa entre todos los documentos", explicó Aguirre.
El representante de la Procuraduría, de paso, solicitó que se declare sin lugar en todos sus extremos el recurso presentado por Gatgens.
Una vez escuchadas las tres exposiciones, el presidente de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós, comunicó que "pronto" darían a conocer su resolución y procedió a dar por terminada la vista oral, que inició a las 2:00 p.m. en la Corte Suprema de Justicia.