PAC cancela primeros ¢200 millones de indemnización por estafa al Estado

El Partido Acción Ciudadana (PAC) canceló los primeros ¢200 millones de la indemnización que adeuda al Estado por la estafa cometida en la campaña política de 2010.

La transferencia se realizó a las 3:15 p.m. del 13 de agosto pasado en una sede del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) en San José, desde una cuenta a nombre de la agrupación, según se desprende de un comprobante suministrado el jueves por el partido a la Procuraduría General de la República (PGR).

"Acuerdo concil (sic.) sentencia 1246-2016", se lee en las observaciones del tiquete, al que AmeliaRueda.com tuvo acceso.

El primer pago de la deuda de ¢352 millones -más intereses y costas- fue además confirmado a este medio por la oficina de prensa de la Abogacía del Estado así como por el secretario general de Acción Ciudadana, Anthony Cascante Ramírez.

De acuerdo con el dirigente oficialista, los recursos para cancelar el tracto se tomaron del fondo patrimonial de la agrupación, que se compone del histórico de donaciones que ha recibido el partido desde su fundación el 13 de diciembre del 2000.

"Las donaciones constituyen el fondo patrimonial del partido. Es como decir, en equivalente a una empresa, el capital de trabajo. Es el dinero con el que el partido hace frente a sus gastos. Esas donaciones se utilizan para financiar los gastos normales del partido.

"Una vez que esos gastos se han pagado, se someten al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde ellos los revisan y, si corresponde, reintegran el dinero al partido. Entonces esas donaciones o ese dinero regresa a las cuentas del partido.

"Esas donaciones han venido constituyendo el fondo patrimonial o ese capital de trabajo y lo que hicimos ahora fue desprendernos de parte de ese fondo patrimonial por la suma de ¢200 millones y con eso estamos haciendo el primer pago. Estrictamente el dinero proviene de las donaciones que se han recogido históricamente", aseguró Cascante Ramírez.

Ante la consulta de AmeliaRueda.com, el secretario general dijo desconocer cuál es el remanente del fondo posterior a la transferencia, aunque se comprometió a buscarlo y suministrarlo con posterioridad.

Información suministrada a este medio por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos de la Autoridad Electoral arroja que, entre el 1° de abril de 2006 hasta el 30 de abril de 2021, Acción Ciudadana recibió ¢957 millones en 22.429 donaciones en efectivo (incluyen más de una donación por persona).

De esa cifra se excluyen otras 885 contribuciones en especie valoradas en ¢280 millones que la agrupación disfrutó en servicios o bienes durante el mismo periodo.

"No tengo el dato exacto, tendría que buscárselo más tarde porque no lo manejo. Pero sí es una cifra muy distante esos números (el total de donaciones) porque a lo largo de toda la vida del partido han habido gastos que no se reintegran, porque no todos los gastos son susceptibles de esa reintegración por deuda pública. Por ejemplo está este pago que hicimos a la Procuraduría, eso no se va a someter a consideración del Tribunal para que lo reintegre. Así han habido otros gastos en el pasado y por lo tanto esos ¢1.300 millones que se han recaudado, la cifra ahora es muy inferior a esa."

Posteriormente agregó: "Nosotros realmente nos desprendimos de lo máximo que podíamos. Tenemos que tener un pequeño fondo para poder operar. Como el sistema de financiamiento a los partidos políticos no da plata por adelantado, salvo en la deuda política adelantada que es un caso muy particular, los partidos tenemos que tener ese fondo, sino no podemos operar. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para poder hacer este pago a la Procuraduría, pero hemos quedado muy ajustados de poder hacer pagos producto del fondo mínimo que nos quedó. Ahora tenemos que hacer un refill (rellenar) de ese fondo a través de las donaciones, que es lo queremos hacer".

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Acuerdo de pago

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José homologó mediante resolución 673-2021 del 1° de julio anterior un arreglo entre el Partido Acción Ciudadana y la Procuraduría General de la República, para cancelar la indemnización de ¢352 millones -más intereses y costas- adeudada al Estado en cinco pagos.

De acuerdo con información suministrada a este medio por la Abogacía del Estado, el primer desembolso debe realizarse a más tardar el 16 de agosto, mientras que el último tendrá que hacerse antes del 16 de febrero de 2024.

Sin embargo, el 15 de julio pasado, el mismo órgano jurisdiccional -aunque con una conformación distinta- aumentó a ¢512 millones el monto que el partido deberá pagar por la estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, perpetrada en la elección nacional de 2010.

Esto ocurrió luego de que el Tribunal Penal, a solicitud de la Procuraduría, sumara ¢160 millones por daños patrimoniales tras confirmarse que en la primera resolución se excluyó del cálculo de la condena civil la indemnización correspondiente 81 contratos por servicios especiales simulados como parte del fraude.

Durante el primer proceso, el Tribunal Penal sentenció al extesorero de Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya, así como al exadministrativo del partido Manuel Antonio Bolaños Murillo, a seis y tres años de cárcel como responsables de una estafa contra la Autoridad Electoral por 179 contratos.

La agrupación fue solidariamente condenada al pago de una indemnización de ¢352 millones más intereses y costas.

Precisamente ese monto es el que se aumentó a ¢516 millones más intereses y costas; no obstante, el representante del partido, Érick Gatgens Gómez, anunció el mismo 15 de julio que apelaría la decisión de incrementar la indemnización.

La sentencia penal contra Sterling Araya y Bolaños Murillo y una parte de la condena civil (los ¢352 millones) se encuentran en firme.

El caso se tramita en el expediente 12-000024-033-PE; causa en la que se determinó que estos dos personeros del partido consiguieron -bajo engaño- que colaboradores de la campaña suscribieran contratos que se completaron con posterioridad, de manera que se pudiera inflar la liquidación del gastos presentadas a la Autoridad Electoral, de manera que pudiera recibir una partida mayor de la deuda política que la que le correspondía.

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