Ante recortes que dice "absurdos", ​PAC admite intervenciones para dilatar discusión de presupuesto

La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) dilata la discusión de propuestas de modificación al proyecto de presupuesto nacional para el año 2020, ante propuestas de recorte que califican como "absurdas" y que, según aseguran, implicarían serias afectaciones y posibles cierres técnicos para 21 instituciones distintas.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios tienen tiempo hasta este martes 20 de octubre a las 11:50 p.m. para votar las propuestas de modificación al proyecto, por lo que las propuestas tendrían que desecharse si no se analizan antes de ese momento.

En total, los legisladores tienen que analizar más de 130 mociones; sin embargo, apenas llevaban 59 analizadas hasta las 4:30 p.m. de este martes.

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Los diputados y las diputadas de la comisión de Asuntos Hacendarios tienen hasta 15 minutos para hablar a favor o en contra de cada propuesta de modificación al proyecto. Posteriormente, las mismas se votan.

Las mociones que generan una mayor molestia en la fracción oficialista son las que se presentaron más tarde (y por ende deben votarse más tarde), por lo que la dilación de cada proceso previo ayuda al PAC en su intención de que las que tienen efectos más fuertes no lleguen a discutirse y tengan que ser desechadas.

La intencionalidad de la bancada oficialista fue reconocida por la propia fracción. De hecho, la diputada del PAC propietaria en la comisión de Hacendarios, Laura Guido, indicó que hablaría "lo que tenga que hablar" para evitar que se discutan las mociones que han provocado advertencias de cierre en programas o instituciones.

Según afirmó la legisladora, los recortes planteados por diputados de oposición no hacen distinciones en partidas que son esenciales para instituciones y las que no lo serían, por lo que —de aprobarse— tendrían un efecto más bien negativo en la utilización del gasto público al impedir que las instituciones actúen con eficiencia.

"Yo no puedo, como Diputada de la República, correr el riesgo de que cierren la Contraloría General de la República (CGR). No puedo, ni siquiera por asomo (...) Entonces sí, voy a hablar por las mociones, voy a hablar porque no quiero correr el riesgo de que no se puedan hacer elecciones nacionales en el 2022 o de que el Poder Judicial tenga que decirle a la ciudadanía que se acabó la administración de justicia por un recorte presupuestario...

"Por supuesto que voy a hablar. Voy a hablar todo lo que tenga que hablar, porque aquí no estamos hablando de un recorte del gasto. Aquí estamos hablando del recorte del gasto más absurdo que se pueda diseñar en la mente de cualquier persona de este país: el gasto de tener la planilla completa de 21 títulos presupuestarios haciendo absolutamente nada, porque ni siquiera para pagar el agua y la luz les estamos dejando, empezando por la CGR", indicó este lunes por la noche, en comisión.

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Guido además subrayó que las intervenciones de su fracción han sido todas fundamentadas y que es lo mínimo que pueden ofrecer a la oposición que planteó los recortes, y que merece una respuesta de por qué el oficialismo los considera negativos. La oficialista también señaló que este presupuesto ya plantea un recorte superior al 1% del PIB en comparación con el de 2020, sin contar el pago de la deuda, por lo que la fracción del PAC considera más apropiado aceptar la propuesta que realizó el Ministerio de Hacienda de evitar recortes sin estudio técnico y analizar uno consensuado con las instituciones, por ¢150.000 millones, a presentarse en enero de 2021.

Este martes, el diputado y exministro de Economía del PAC, Welmer Ramos, agregó que los recortes deben realizarse de la forma más analizada y focalizada posible, pues reducir la inversión del Estado en gastos que no son expresamente superfluos más bien podría profundizar la falta de dinamismo en la economía. "Hay mucho gasto que genera efectos multiplicativos y en estos momentos es rentable mantener ese tipo de inversión pública", afirmó.

'Filibusterismo' e 'injusticias'

La actitud del PAC fue criticada por todas las fracciones del oposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Incluso la presidenta del foro, Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), tachó la actitud de "filibusterismo" en una intervención en la que respondió a la diputada oficialista Paola Vega , quien le recriminó tratos preferenciales en la repartición del tiempo de las intervenciones a otros diputados.

Este lunes, además, la diputada Yorleny León retiró más de 20 mociones suyas para abreviar la discusión del proyecto, argumentando que no quería dar tiempo a la fracción oficialista de hablar en contra de sus iniciativas y gastar más tiempo del que consideraba razonable.

Más tarde, este martes, la diputada Silvia Hernández reconoció considerar casi "materialmente imposible" que se lleguen a discutir todas las mociones, ante el "obstruccionismo" la bancada de gobierno.

Diputados de las fracciones de oposición también han utilizado la palabra para referirse a mociones; sin embargo, en muchas menos ocasiones que los oficialistas.

No obstante, el uso de la palabra también provocó reacciones en sentido contrario de diputados como el frenteamplista José María Villalta, quien no es parte de la comisión, pero recriminó a la liberacionista Hernández que no diera tiempo a todas las personas participantes de la comisión para hablar cuando lo solicitaban. Villalta le indicó que no existe normativa alguna para restringir las participaciones de esa manera.

Distintas instituciones han reaccionado en contra de las mociones de recorte; entre ellas, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Contraloría General de la República (CGR) y el Poder Judicial. Estas entidades alertaron sobre posibles cierres de funciones específicas si no contaban con parte de sus recursos que serían eliminados del presupuesto.

Otras entidades también alertaron sobre posibles cierres de operaciones regionales y posibles demandas de empresas con las que existen compromisos adquiridos, entre muchas otras molestias por distintas mociones que siguen pendientes de discusión.

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