Oficiales realizaron este miércoles una incursión para identificar a propietarios de fincas que contraten a extranjeros con estatus irregular para extraer y comercializar oro
30/01/19 | 09:36am
Una operación llamada Lapa 1 tomó desde el pasado lunes la finca en la que se ubica la mina Crucitas.
Ese día, agentes de distintos cuerpos policiales encontraron siete cuarterías ilegales y abordaron a 35 extranjeros, de los cuales 21 estaban indocumentados, situación por la cual fueron remitidos a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
El martes, en el segundo día de labores, los oficiales encontraron cinco túneles que han sido utilizados por coligalleros para extraer oro de la zona. Además, la Policía de Fronteras logró la detención de tres personas, quienes viajaban en una camioneta marca Ford, que iba cargada con sedimentos.
La interceptación del vehículo permitió, además de pasar en flagrancia a los capturados, recuperar el material y decomisar un arma de fuego.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los sedimentos se obtienen de la excavación con medios mecánicos o con explosivos de los terrenos que recubren o rodean al yacimiento.
Este miércoles, según la nota de prensa, los oficiales realizaron incursiones para identificar a los dueños de terrones que contraten personas con estatus migratorio irregular, para la extracción o comercialización de oro en la zona.
Asimismo se procedió con la destrucción de las cuarterías que carecen de permisos.
En la zona también se intensificaron los controles en carretera, con el objetivo de mitigar el accionar criminal, aunado al decomiso de armas de fuego, sustancias psicotrópicas y químicas, así como la detección de personas con asuntos pendientes con la justicia.
Según el comunicado, las acciones policiales se intensificarán de forma paulatina y se prolongarán "el tiempo que sea necesario.
La operación está a cargo del viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo.
En el megaoperativo, que incluye la mina Crucitas y los alrededores de Cutris, en San Carlos, Alajuela; participan 150 funcionarios de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), Unidades Especializadas, Apoyo Legal y la Dirección de Operaciones del Ministerio; además de la Policía Profesional de Migración, de Control Fiscal (PCF) y de Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT).
Además, el contigente se reforzó con Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Ministerio de Salud, la Cruz Roja y la Municipalidad de San Carlos.
La explotación de oro en Crucitas había sido dada en concesión a la empresa canadiense Industrias Infinito durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010), sin embargo, dicha autorización fue invalidada por una irregularidad, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 2010, que sería ratificada un año más tarde por la Sala Primera.
El abandono de la compañía al terreno derivó en la ocupación de un importante número de coligalleros, quienes han ingresado al terreno para extraer de forma ilegal el oro.
Un reciente informe del Minae indica que el metal que ha sido sacado de la mina equivale a unos $196 millones.
La firma de un decreto que declaró esa actividad de interés y conveniencia nacional motivó una acusación por presunto prevaricato contra el exmandatario y quien fuese su ministro de Ambiente, Roberto Dobles. Dicho proceso superó el martes la etapa de audiencia preliminar y se está a la espera de que la jueza a cargo del caso decida si abrirá o no un juicio contra ambos y otros seis imputados.
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