Nuevo salario global ya no implicará aumento inmediato para 28.600 funcionarios

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración cerraron un portillo en la nueva reforma al empleo público que hubiese permitido la aplicación de un aumento salarial inmediato a 28.600 funcionarios públicos. De no corregirse, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) estimaba que esa cantidad de trabajadores habrían podido acceder a ¢32.200 millones en incrementos, solo durante el primer año de aplicación de la norma.

Hasta hoy, el proyecto de empleo público incluía la posibilidad de que funcionarios con salarios menores al nuevo "salario global" se trasladaran voluntariamente al nuevo esquema. Es decir, que optaran por un aumento inmediato.

Ahora, con el cambio adoptado, estos funcionarios deberán continuar con sus modelos de remuneración actuales, de modo que se trasladen gradualmente al nuevo sistema, con sus anualidades y sus aumentos salariales, una vez que alcancen el monto del nuevo "salario global".

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El Mideplan determinó que los ahorros anuales generados por las normas fiscales de contención y la reforma al empleo público podrían triplicarse en los próximos 30 años, con solo evitar este aumento inmediato, según redactó en un reciente informe de escenarios enviado al Congreso.

Para concretar el cambio, los diputados aprobaron una propuesta de modificación del diputado oficialista Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), la cual determinó el nuevo sistema para empleados con salarios más bajos.

En su redacción, el texto decía que "quienes devenguen un salario compuesto menor al que le correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global continuarán devengando su salario en la forma en que lo venían haciendo", de modo que "una vez que su salario compuesto iguale el monto que les correspondería bajo el esquema de salario global, se trasladarán de manera automática a este régimen salarial, el mes siguiente".

El "salario global" de cada puesto será determinado de manera posterior a la aprobación de la ley, mediante estudios de mercado. La idea es que se pague un salario único y competitivo para los mismos puestos en la gestión pública, sin incentivos ni pluses salariales, más allá de diferencias por conceptos como peligrosidad o disponibilidad.

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Abarca sostiene postura

El aumento inmediato es defendido por el diputado Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Él sostiene que la distinción de remuneraciones para estos empleados podría declararse inconstitucional y que es mejor evitar demandas futuras, con la posibilidad de que se ordenen pagos retroactivos.

De hecho, el legislador impulsó una moción para sostener el traslado voluntario; sin embargo, fue rechazada por mayoría.

Ante esa decisión, Abarca indicó que seguirá pujando por su postura, y que será uno de los temas que deberá consultarse a la Sala Constitucional cuando se realice dicho trámite procesal del proyecto.

Los diputados concluyeron este miércoles la primera de las últimas dos rondas de cambios al proyecto de reforma al empleo público en comisión. Una vez superada esta etapa, su discusión final se trasladará al Plenario legislativo para su votación en primero y segundo debate.

Abarca señaló que incluso podría pensarse en la posibilidad de eliminar la exoneración del Impuesto Sobre la Renta al salario escolar para financiar el aumento inmediato para funcionarios actuales. No obstante, Mideplan rechaza esa posibilidad y asegura que implicaría utilizar recursos frescos para pagar salarios públicos, en lugar de mejorar la situación estatal de las finanzas públicas, como propone el Gobierno en su agenda de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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