Gobierno presenta nueva versión de reforma al empleo público: estima ahorro de 7% del PIB en 10 años

El Gobierno de la República presentó este lunes una nueva redacción del proyecto de reforma al empleo público (expediente 21.344), que establecería una escala salarial única para los nuevos trabajadores del Estado y permitiría un ahorro acumulado del 7% del PIB en los próximos 10 años, según sus estimaciones.

La propuesta la presentaron la mañana de este lunes el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, y la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, en conferencia de prensa.

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"Se estima un ahorro un ahorro anual del 0,7% del PIB por un doble efecto que combina el recambio de servidores públicos que están en régimen compuesto que se van jubilando con la entrada de personal nuevo, que llega en el sector público con otras condiciones que serían atractivas, pero que pesarían menos sobre el componente de las remuneraciones totales".

"El otro factor es el ahorro por el efecto de la Ley 9.635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que permite la inversión que hay que hacer para que los salarios nuevos sean lo suficientemente atractivos y competitivos", puntualizó la ministra.

Según explicó la jerarca, la idea del Gobierno es aplicar la ley únicamente a nuevos funcionarios, pues permitir un traslado de trabajadores actuales implicaría una "mayor presión inicial" para las finanzas del Estado. Esto podría ocurrir si funcionarios más nuevos —con salarios más bajos—decidieran realizar el recambio, lo que implicaría una mayor inversión del Estado en el corto plazo.

En total, se establecería una escala salarial única por funciones, a la cual se le sumarían o restarían puntos por especificaciones en materia de disponibilidad, discrecionalidad, peligrosidad o responsabilidad, según cada cargo. Esos puntos se otorgarían o se restarían dependiendo del tipo de trabajo de cada funcionario, que se dividiría en uno de ocho subregímenes.

Los ocho subregímenes serían puestos de confianza, del servicio exterior, judiciales, universitarios, de educación, policiales, de salud, profesionales y no profesionales; y únicamente quedarían excluidos de la ley los funcionarios de las empresas estatales en competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) o la banca pública.

La coordinación del empleo público quedaría en manos del Mideplan, como ya lo estableció la reforma fiscal de 2018; y el Servicio Civil quedaría en manos de esa cartera, como una institución adscrita asesora.

La iniciativa también estima cambios a nivel de vinculación, evaluación y desvinculación de los funcionarios; incluida la posibilidad de despedir a aquellos empleados que no superen la calificación del 70% en dos ocasiones consecutivas. Asimismo, propone un tope en materia de vacaciones, las cuales no podrían sobrepasar los 20 días hábiles en cualquiera de los casos.

En materia salarial, la ministra Garrido subrayó que la idea es realizar igual pago a iguales funciones. "Se tata de cumplir el precepto constitucional de que a igual trabajo, igual salario, en las mismas condiciones de eficiencia. Eso significa que una persona que se desempeña como profesional tres en Gobierno Central, siempre y cuando tenga la misma función y cumpla la misma responsabilidad, gane lo mismo que en una autónoma", describió.

El anuncio de la nueva versión del proyecto se hizo seis meses después de que los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración le pidieran al Ejecutivo realizar correcciones al texto para seguir con su trámite, pues consideraban que era deficiente en materia salarial y de evaluaciones de desempeño.

Garrido afirmó que presentó la iniciativa a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración y que trabajó con ellos desde febrero; así como con otros sectores interesados. Sobre los gremios sindicales, que han señalado su oposición a una regulación desde la primera versión presentada, la ministra afirmó que todos fueron escuchados, aunque "eso no signifique que les vaya a encantar el texto".

Otros proyectos

El presidente Carlos Alvarado solicitó a la Asamblea Legislativa avanzar con la aprobación de otros tres proyectos de ley. Tramitar la iniciativa para el cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe); así como con el proyecto “PAGAR” —que permitiría acceder a ¢139.000 millones en superávits institucionales— y el texto que permitiría suspender las anualidades del sector público por el año 2020.

Además pido respetuosamente a la Asamblea Legislativa avanzar con la aprobación del proyecto para el cierre de FONABE el Proyecto PAGAR y el proyecto para eliminar la anualidad 2020. Proyectos que reducen el gasto público y generan eficiencias en nuestra institucionalidad. https://t.co/hktGegITo5 — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 18, 2020

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Según cálculos presentados por el Gobierno al Congreso, el cierre de Fonabe (expediente 21.344) permitiría ahorrar ¢1.500 millones anuales en gastos administrativos, a través de un redireccionamiento de sus funciones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Por otra parte, el proyecto para suspender las anualidades del sector público —un aumento porcentual que se le paga a cada trabajador por el cumplimiento de cada año laborado— permitiría frenar erogaciones por más de ¢20 mil millones, según Hacienda.

Sobre estos proyectos, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió apoyar estos proyectos "colaterales" a la reforma al empleo público, pues son tres iniciativas que ya están presentadas y que contribuyen a sanear las finanzas estatales.