Por falta de notificación a dueño de Hotel RIU, aplazan juicio por delitos ambientales en Guanacaste

Debido a la imposibilidad de notificar a Luis Riu Güell, dueño de la cadena hotelera española RIU Hotels & Resorts, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) decidió suspender por más de cuatro meses el juicio por supuestos delitos ambientales en Guanacaste que debía iniciar este mes.

Estaba previsto que el TAA iniciara la audiencia del caso —que se remonta a hace más de una década— el próximo 24 de febrero, pero el miércoles 15 de febrero la presidenta del juzgado, Ana María de Montserrat Gómez, la reprogramó para las 8:30 a.m. de viernes 30 de junio, pues "no consta" notificación a Riu Güell ni a su socio José Moreno Sánchez.

El tribunal acordó el 2 de noviembre de 2022 abrir el proceso ordinario administrativo e imputar cargos a varias sociedades vinculadas al Hotel RIU —ubicado en Playa Matapalo, en Guanacaste—, así como a la Municipalidad de Carrillo, en virtud de una denuncia por supuestos delitos ambientales como destrucción de humedal y afectación a playa.

El caso tuvo eco en España en diciembre de 2022, cuando El Diario de Mallorca —la cadena RIU tiene sede en Palma de Mallorca— informó de que la multinacional "afronta una sanción por daño ambiental que asciende a unos 136.000 euros" y recogió declaraciones de responsables del hotel alegando que "se personarán" a la audiencia.

No obstante, esta semana la juez propietaria del TAA acreditó que, desde que en noviembre se dictó la apertura del juicio, no se ha podido notificar al señor Riu Güell ni a su socio José Moreno Sánchez, por lo que, "con el fin de no ocasionar indefensión a las partes", se dispuso suspender la audiencia pero mantener la imputación de cargos.

El grupo ecologista Confraternidad Guanacasteca —cuyo presidente, Gad Amit Kaufman, figura entre los denunciantes— criticó este viernes que la suspensión añade cuatro meses a los 14 años "que llevamos esperando", en alusión a que el caso se abrió de oficio en abril de 2009 y que estuvo en etapa de investigación al menos desde 2012 hasta 2022.

Además, recrimina que, en su sentencia de noviembre de 2022, la Sala Constitucional ordenó al TAA a que "dentro del plazo no mayor a un mes [...] se resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas la denuncia ambiental planteada por el tutelado y notifique lo resuelto", porque de lo contrario podría incurrir en el delito de desobediencia.

Para Cofraternidad Guanacasteca, el que la audiencia se convocara para el 24 de febrero ya implica que se estaba "abusando" del plazo dispuesto por los magistrados de la Sala IV. Además, la organización activista reprocha que los funcionarios que se dedican a dar estas notificaciones pareciera que tienen más "poder" que los jueces.

La Sala Constitucional ya dijo en noviembre que "comprende que los casos ambientales pueden ser de naturaleza compleja y requerir de un contradictorio amplio", pero a su vez advirtió de que no puede estimarse "razonable" que "una denuncia presentada en el año 2012 todavía se encuentre en etapa de investigación, tal y como fue informado".

"Nótese que, en la actualidad, no se tiene ni siquiera un periodo de tiempo aproximado para el dictado de la resolución final de la denuncia, aspecto que resulta contrario al Derecho de la Constitución, máxime cuando la etapa de investigación preliminar ha durado tantos años", añadió en aquel momento la resolución de la Sala IV.

Mientras tanto, RIU Hotels & Resorts anunció el pasado 23 de enero la ampliación de su complejo en Guanacaste, el mismo que es objeto de la citada denuncia.