Nombramientos consumen tiempo que magistrados necesitan para asuntos más urgentes, dice informe

La Corte Plena y el Consejo Superior del Poder Judicial, las máximas autoridades de la justicia en Costa Rica, ejercen un "poder vertical" sobre el sistema judicial que menoscaba la "independencia interna" de la judicatura e impide que los magistrados acometan labores más urgentes, concluye el cuarto informe sobre el Estado de la Justicia.

La forma en que estas instancias realizan nombramientos "crea una influencia inconveniente sobre la independencia interna de jueces y juezas, pues la cúpula determina con alto nivel de discrecionalidad los nombramientos en propiedad, ascensos, sanciones o destituciones, sin contrapesos o revisiones efectivas", afirma Evelyn Villarreal, coordinadora de investigación del informe.

El Consejo Superior tiene entre sus funciones el nombramiento de jueces de grado I, mientras que la Corte Plena hace lo propio con los de grado II. Pasa que estas designaciones no se informan en su mayoría del desempeño laboral de estos funcionarios en puestos previos ni mucho menos se otorgan estas plazas en función de quiénes obtienen la mejor puntuación.

Solo el 20% de los jueces nombrados tienen la mejor nota

Según un análisis del Estado de la Justicia sobre las actas de nombramientos de la cúpula judicial entre 2016 y 2021, solo uno de cada cinco jueces fue nombrado por haber tenido la mejor calificación para el cargo. El Consejo Superior solo eligió a quienes tenían las mejores notas el 17% de las veces, mientras que la Corte Plena respetó este criterio en el 38% de sus designaciones.

Estos datos permiten "evidenciar la concentración de poder en la Corte Plena y el Consejo Superior en cuanto a la gestión del recurso humano", de acuerdo con Villarreal. Y es que es la Corte Plena la que realiza los nombramientos del Consejo Superior y en direcciones como la de Gestión Humana, que es precisamente el órgano técnico que analiza los criterios de idoneidad y cualificación profesional de los aspirantes.

La Corte Plena también aprueba los lineamientos para el proceso de selección de jueces, asigna el presupuesto para este fin y, según el citado informe, "es el único protagonista en la última etapa de selección de los puestos más altos de la judicatura y de puestos relevantes no jurisdiccionales, como la Dirección del Ministerio Público, el OIJ, la Defensa Pública o las magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros".

Esto, en otras palabras, supone tener a los 22 magistrados de la Corte Plena "microadministrando la selección de personal", en palabras de Cristina Cubero, investigadora del capítulo sobre gestión del recurso humano del cuarto informe sobre el Estado de la Justicia. Y esto, a juicio de esta investigadora, "reduce el tiempo disponible para asuntos urgentes como la mora judicial".

Desconcentración de los nombramientos

Que esta labor administrativa no esté concentrada en la Corte Plena y el Consejo Superior de Justicia es una tarea pendiente del sistema judicial, reza el documento, que sugiere que estas tareas se trasladen a un "órgano especializado". No obstante, el mismo Estado de la Nación (que hace este informe) entiende que esto es improbable, por lo que extiende otra serie de recomendaciones en este sentido.

"Asegurar la transparencia y adecuada fundamentación del acto de nombramiento" es esencial, según el informe, que recuerda que las sesiones en las que se designan jueces son secretas y que las actas no recogen los argumentos que justifican tales elecciones. "La Corte Suprema de Justicia se ha resistido a reducir sustancialmente el ámbito de su discrecionalidad". critica el documento.

De hecho, para el Estado de la Justicia la recomendación "más relevante" que puede hacerse en torno al sistema judicial es la de "promover la desconcentración de los procesos de nombramientos, garantizar su transparencia, mejorar el desempeño de la Corte Plena y el Consejo Superior, y perfeccionar la carrera judicial y la independencia interna de la judicatura".

Este estudio se basó en los 1.679 nombramientos hechos por la Corte Plena y el Consejo Superior de Justicia entre 2016 y 2020.